El Tribunal de Cuentas ha metido mano en el tema de la bonificación al transporte marítimo para los residentes en Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares, y no lo ha hecho precisamente para que estos ciudadanos afectados por la insularidad se queden tranquilos. Muy al contrario, entiende que la subvención del 75% es insostenible y que la normativa debe cambiarse por otros sistemas que, en principio, no parece que vayan a favorecer precisamente la conectividad para los que viven fuera de la península.
Habla el órgano fiscalizador de establecer una cantidad fija por residente que saque pasajes de barco, limitar el número de viajes anuales que se pueden hacer con la bonificación e incluso que no haya descuentos para las acomodaciones más onerosas, que suelen ser los camarotes; en definitiva, que se viaje en la butaca más barata con una cantidad determinada de dinero y nada de desplazarse más de unas cuantas veces al año. Eso resultaría absolutamente inadmisible para los residentes melillenses.
Lo que no está mal planteado es que se haya una revisión y se pida documentación más allá del empadronamiento para conceder el 75% de subvención. Es cierto que puede haber muchas personas que estén en el padrón de Melilla y, sin embargo, residan en cualquier otro punto de España. A ese respecto, la recomendación de endurecer las condiciones no parece mala idea, pero lo que es el resto más vale que ni se llegue a plantear en el Gobierno central porque la situación para nuestra ciudad sería insostenible desde el punto de vista del transporte.
Los miembros de ese tribunal no han tenido en cuenta en modo alguno que los españoles extrapeninsulares no tienen otro sistema de comunicación con el resto del país que el barco y, en su caso, el avión. El Estado tiene la obligación de garantizar a estos ciudadanos su derecho constitucional a circular libremente por el territorio de su nación y que se sepa, hasta ahora, no hay otros mecanismos que abaratarles los costes de los transportes para ponerlos literalmente en la península. No se pide ayuda para coger un autobús o un tren, se precisa para comprar billetes que por su precio no den la opción al español de moverse por su propio país. ¿Acaso es tan difícil de entender?
Si para eso el Gobierno central tiene que poner sobre la mesa cientos de millones de euros, que los ponga. Estamos acostumbrados a que se gaste el dinero público (ese que no es de nadie, como decía aquella socialista) en cuestiones baladíes, ¿vamos a permitir que no se use para que unos españoles de pleno derecho puedan desplazarse por España? No parece que ese fuera el camino.
