El presidente de Somos Melilla y diputado local en la Asamblea, Amín Azmani, ha lanzado una seria advertencia sobre el procedimiento de adjudicación del contrato de seguridad privada para dependencias municipales, un contrato millonario “que nos va a costar a los melillenses más de 27 millones de euros en los próximos cuatro años”.
Azmani denuncia que la empresa propuesta para la adjudicación, Sureste Seguridad, “ha aportado documentación plagada de errores que deberían de excluirla o como mínimo no deberían otorgarle la máxima puntuación”.
Entre las graves deficiencias detectadas en la oferta, el diputado destaca la inclusión de “direcciones que no existen en Melilla” y “dependencias que no están en el pliego del contrato”. Uno de los errores más llamativos, según Azmani, es que la empresa confunde la Jefatura Superior de Policía con la Jefatura de Policía Local de Melilla. Pese a ello, se le otorga más puntuación de la debida.
Además, Azmani advierte de una valoración injustificada del Plan de Igualdad presentado por la empresa, “un plan que no está registrado ni aprobado por el Comité de Empresa”, por lo que “no puede obtener la máxima puntuación, sino mucho menos”.
En su análisis, el diputado también ha puesto en entredicho la declaración de cumplimiento normativo incluida en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Se trata de una declaración responsable que sirve para acreditar que una empresa cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos en un procedimiento de contratación pública. En este caso, Azmani denuncia que la empresa ha ocultado que incumple de forma sistemática y reiterada la legislación laboral, ya que la Inspección de Trabajo en numerosas resoluciones “ha abierto expediente sancionador a esta empresa por incumplimientos de derechos laborales o de derecho de acceso a la información”.
Ante la gravedad de estos hechos, Azmani ha manifestado que su obligación como diputado ha sido advertir al consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, y a la Comisión de Política Social y Seguridad Ciudadana para que se revise la documentación, porque “de seguir adelante se estaría incurriendo en un grave y supuesto delito de prevaricación”.
El presidente de Somos Melilla ha sido tajante. “No vamos a ser cómplices de esto. ¿Cómo se pueden adjudicar los contratos de esta manera? Hay que ser más escrupulosos. Hay que analizar y revisar la documentación y contrastarla en profundidad”.
Finalmente, ha exigido al Gobierno de Imbroda y a la mesa de contratación que revise absolutamente todo y paralice la adjudicación.
