El sindicato CSIF ha exigido al Gobierno central la adopción urgente de un pacto de Estado contra la corrupción, sustentado en la despolitización de las administraciones públicas y el refuerzo de la figura del empleado público. En un comunicado emitido este miércoles, la organización ha planteado una batería de medidas para acabar con el clientelismo político y profesionalizar la función pública, a fin de combatir las prácticas corruptas que, según denuncia, siguen lastrando la gestión pública en todo el país, con especial incidencia en territorios como Melilla.
“La solución no pasa por crear más organismos, agencias u observatorios politizados, sino por fortalecer la independencia de la Administración a través de empleados públicos que accedan por mérito y capacidad”, subraya CSIF. La central ha recalcado que la politización de cargos y estructuras públicas ha abierto la puerta a redes de favores, falta de transparencia e ineficacia institucional.
Entre sus principales propuestas, el sindicato destaca la necesidad de suprimir la libre designación en puestos de responsabilidad, como los de directores generales, para evitar los nombramientos “a dedo” y fomentar concursos públicos basados en méritos. “Hay que acabar con el eufemismo de la libre designación y promover el acceso profesional y transparente”, reclaman.
Asimismo, CSIF plantea la creación de un cuerpo directivo profesional, formado exclusivamente por funcionarios con carrera administrativa consolidada. El objetivo es limitar el uso de asesores políticos o personal eventual en tareas técnicas o de gestión, áreas que deberían estar reservadas a profesionales especializados.
En lo relativo a la transparencia, la organización sindical exige una mejora sustancial en los procesos de bolsas de empleo, traslados, relaciones de puestos, gratificaciones y nombramientos, que hoy considera opacos y expuestos a intereses partidistas.
Otro de los puntos claves es la implantación de un protocolo anticorrupción bajo control exclusivo de empleados públicos, al margen de los partidos, así como la reducción del número de asesores y eventuales que ocupan cargos clave en la Administración.
La Justicia y la Agencia Tributaria también ocupan un lugar destacado en el paquete de reformas que plantea CSIF. El sindicato reclama más plantilla y recursos para todos los cuerpos vinculados a la carrera judicial y fiscal, así como penas más duras por malversación de fondos públicos. En el ámbito fiscal, proponen reforzar la AEAT y el Servicio de Vigilancia Aduanera, y retomar el proyecto de creación de una Policía Fiscal con competencias específicas en la investigación de ganancias patrimoniales no justificadas.
En el caso concreto de Melilla, CSIF propone la creación de un órgano consultivo en materia de contratación pública, compuesto por empresarios y sindicatos, que participe activamente en la elaboración y seguimiento de los pliegos de licitación de servicios. La iniciativa busca evitar prácticas irregulares y garantizar que los contratos respondan a criterios técnicos y no a intereses partidistas.
La central sindical recuerda que la alta dependencia de Melilla respecto a los fondos públicos hace que los efectos de la corrupción sean especialmente nocivos para su ciudadanía. Por ello, insisten en la necesidad de adoptar medidas firmes y estructurales que garanticen el buen uso de los recursos públicos y devuelvan la confianza de la sociedad en sus instituciones.
