Guelaya denuncia que el nuevo Reglamento de la ZBE en Melilla no reducirá emisiones

El colectivo ecologista Guelaya–Ecologistas en Acción ha lanzado una dura crítica al nuevo Reglamento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que pretende implantar la Ciudad Autónoma de Melilla, al considerar que no cumplirá con su propósito de reducir la contaminación atmosférica y supondrá un gasto público desmesurado, superior a los ocho millones de euros.

En un comunicado, la organización ambientalista acusa a la administración local de desarrollar el reglamento “de espaldas a la ciudadanía” y sin una planificación realista. Según Guelaya, la zona delimitada como ZBE corresponde en su mayoría al centro de la ciudad, un área que ya presenta un carácter prácticamente peatonal, por lo que consideran que su impacto será “prácticamente nulo” en la reducción de emisiones contaminantes.

Además, el colectivo subraya que el perímetro fijado deja fuera algunas de las arterias con mayor intensidad de tráfico, como Reyes Católicos o la Plaza de España, lo que pone en duda la eficacia de las restricciones. También señalan que las medidas previstas apenas suponen cambios reales en la configuración del tráfico, ya que muchas de las calles que pasarán a ser de dirección única “ya lo son en la actualidad”.

Otra de las críticas de mayor calado se centra en la metodología que se utilizará para evaluar la supuesta mejora en la calidad del aire. Guelaya alerta de que la única estación de medición prevista estará ubicada en el polígono industrial SEPES, a unos dos kilómetros del centro urbano, lo que según la organización impide realizar un seguimiento efectivo del impacto del reglamento sobre las emisiones. “Si un día se detecta en esta estación una bajada de NO2, algún avispado podrá decir que es gracias a que circulan menos coches por General Marina. Pura ciencia”, ironiza el comunicado.

La falta de transparencia y participación ciudadana son otros aspectos duramente cuestionados por el colectivo. Recuerdan que la normativa nacional que regula las ZBE exige procesos participativos, pero aseguran que este reglamento no fue debatido ni llevado al Foro de la Movilidad, órgano destinado precisamente a consensuar políticas de transporte sostenible. Para Guelaya, este incumplimiento es especialmente grave, ya que vulnera principios básicos de planificación urbana democrática.

El colectivo también critica la evolución del proyecto de remodelación de la Plaza de España, que consideran menos ambicioso que el aprobado en la última etapa del Foro de la Movilidad, cuando aún estaba presidido por Coalición por Melilla. “Se había aprobado una remodelación con el único voto en contra de Guelaya, porque ya la considerábamos poco ambiciosa. Ahora ni siquiera sabemos en qué consiste la actuación actual, que está envuelta en el más absoluto secretismo”, denuncian. También lamentan que se hayan trasladado dos ficus, pese al compromiso previo de no tocar ningún árbol, y temen que no se reduzca el espacio destinado a vehículos privados.

En cuanto al coste económico, Guelaya considera que el presupuesto es desproporcionado en relación con el alcance real de la medida. Aunque el nuevo reglamento no contempla grandes obras, implicará una importante inversión en sistemas de control y vigilancia como cámaras, nuevas señales de tráfico, parquímetros, bases de datos sobre vehículos autorizados y software de gestión. A ello podrían sumarse herramientas de control como el “multacar”. “Más de ocho millones de euros para estos servicios. Qué fácil es gastarse el dinero y cuánto cuesta que se crean que el cambio climático nos va a costar muchísimo más”, afirman.

Finalmente, la organización acusa a la Ciudad Autónoma de carecer de una verdadera voluntad de reducir las emisiones contaminantes y de priorizar el gasto y la imagen sobre la eficacia ambiental. Por ello, exigen una revisión completa del reglamento, con medidas más ambiciosas y un verdadero proceso de participación ciudadana que garantice una transformación urbana real.