El sindicato CGT ha anunciado que retomará las movilizaciones en el centro de menores de La Purísima, tras obtener un respaldo mayoritario en las elecciones sindicales celebradas el pasado 28 de febrero. Según ha comunicado la organización, esta nueva etapa sindical vendrá marcada por una hoja de ruta consensuada con la plantilla, que incluirá un calendario de protestas con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y exigir la municipalización del centro.
Desde CGT denuncian que, pese a la subrogación de la plantilla ejecutada el pasado 11 de diciembre por la empresa pública Tragsa, continúan produciéndose prácticas que califican de “vicios antiguos” heredados de la anterior gestión, y que se traducen en arbitrariedades laborales y un empeoramiento del ambiente de trabajo. Esta subrogación, según el sindicato, fue realizada de forma atropellada, y solo buscaba desactivar el creciente descontento laboral que ya había provocado varias protestas en meses anteriores.
Entre las principales denuncias de CGT se encuentra lo que califican como la aplicación de la “técnica del espigueo” por parte de Tragsa. El sindicato critica que la empresa seleccione qué derechos laborales aplicar y cuáles no, generando con ello un desequilibrio normativo que afecta directamente a la plantilla. Una de las principales quejas es que no se ha aplicado la subida salarial prevista para 2025 en el IV Convenio Estatal de Reforma Juvenil, lo cual, aseguran, supone una vulneración clara del marco laboral que rige el sector.
Además, CGT señala que Tragsa no respeta los grupos de cotización en la Seguridad Social correspondientes a las categorías profesionales del personal del centro, lo que podría tener consecuencias futuras en materia de pensiones y prestaciones sociales. A ello se suma la negativa de la empresa a abonar el 0,5% de atrasos correspondientes al año 2024, una cuantía que el sindicato recuerda que sí debe aplicarse al conjunto del personal del sector público.
Por otro lado, el sindicato denuncia un trato desigual en relación a la jornada laboral. Mientras que en el ámbito retributivo Tragsa afirma estar supeditada a las directrices del Gobierno central en lo relativo a la jornada semanal, no se reconoce el régimen de 35 horas vigente para el personal de la administración pública. En su lugar, se impone a la plantilla de La Purísima una jornada de 38,5 horas semanales, amparándose en el artículo 54 del IV Convenio de Reforma Juvenil.
Esta situación ha generado, según CGT, un mal clima laboral que impacta directamente en el servicio que se presta a los menores tutelados. La organización considera que la gestión de Tragsa y su filial Tragsatec responde únicamente a criterios de ahorro económico a costa del bienestar de los trabajadores y, en última instancia, del correcto funcionamiento del centro.
Como alternativa, el sindicato vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de municipalizar el servicio. CGT defiende que una gestión directa por parte de la Ciudad Autónoma garantizaría no solo condiciones laborales dignas para la plantilla, sino también una atención de mayor calidad para los menores acogidos. Esta reivindicación ya ha sido planteada anteriormente por la organización, y ha cobrado más fuerza tras el respaldo obtenido en las elecciones sindicales.
En este sentido, CGT ha convocado asambleas con la plantilla para definir un calendario de movilizaciones que, según afirman, se activará en breve. El objetivo es doble: lograr la municipalización del centro y acabar con lo que consideran una doble vara de medir en la aplicación de derechos laborales. El sindicato subraya que esta lucha no es únicamente sindical, sino también social, y hace un llamamiento a la ciudadanía y al Gobierno local para avanzar hacia un modelo de gestión pública más justo y transparente.
