Melilla registró un total de 74 quejas ciudadanas ante el Defensor del Pueblo durante el año 2024, según se desprende del informe anual de la institución presentado este martes por Ángel Gabilondo en el Congreso de los Diputados. Las principales preocupaciones trasladadas desde la ciudad autónoma estuvieron relacionadas con migraciones, función pública, administración de justicia y educación.
El informe, entregado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al presidente del Senado, Pedro Rollán, forma parte de la rendición de cuentas que realiza anualmente esta institución. Su objetivo es visibilizar las principales reclamaciones ciudadanas en relación con el funcionamiento de las administraciones públicas en España.
Principales áreas de queja
De las 74 quejas procedentes de Melilla, la categoría de Migraciones encabezó la lista con 17 expedientes, lo que representa casi una cuarta parte del total. A esta le siguieron Función y Empleo Públicos (12 quejas), Administración de Justicia (10), y Educación (7). También se recibieron quejas sobre Empleo y Seguridad Social (3), así como sobre Asuntos de Interior, Centros Penitenciarios, Igualdad de Trato, Política Social, Asilo, Medio Ambiente, Cultura y Otros Ámbitos y Servicios Públicos y Esenciales, todas con entre una y dos quejas.
Pese al número relativamente reducido si se compara con otras comunidades autónomas, los datos permiten identificar con claridad los ámbitos donde los melillenses consideran que existen deficiencias o necesidades de mejora en la actuación administrativa.
Comparativa nacional
A nivel estatal, el Defensor del Pueblo recibió 34.402 quejas y tramitó 34.629 expedientes. Además, se formularon 2.501 resoluciones, entre ellas 1.190 recomendaciones, 843 sugerencias, 464 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias dirigidas a administraciones estatales, autonómicas y locales.
Las comunidades que lideraron el número de quejas fueron Madrid (8.031), Andalucía (4.155), Cataluña (3.441) y Comunidad Valenciana (3.231). En el extremo opuesto, Melilla, Ceuta (43 quejas) y La Rioja (277) fueron los territorios con menor volumen, en consonancia con su población.
Durante la presentación, el Defensor del Pueblo subrayó que “los ciudadanos reclaman una Administración más ágil y eficaz”, y advirtió sobre el impacto de problemas estructurales como la falta de acceso a la vivienda, la insuficiente atención sanitaria, los desafíos en educación, y las dificultades que enfrentan menores, personas migrantes y colectivos vulnerables.
Melilla y el seguimiento institucional
La relación del Defensor del Pueblo con Melilla no es nueva. En años anteriores, la institución ha intervenido de oficio o ha solicitado información adicional sobre problemáticas locales. Tal como informó El Faro de Melilla, en 2023 el organismo pidió explicaciones a la administración autonómica sobre la gestión de los procedimientos de dependencia, una cuestión especialmente sensible para familias que esperan valoración y asignación de recursos en situaciones de vulnerabilidad.
Este seguimiento demuestra el interés institucional en garantizar los derechos de la ciudadanía melillense, particularmente en áreas donde los servicios públicos presentan demoras o dificultades estructurales.
Centros de privación de libertad
En el marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, se realizaron 26 visitas a centros de privación de libertad durante 2024, entre ellos centros penitenciarios, comisarías y centros de internamiento. De estas inspecciones surgieron 203 recomendaciones, 300 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales. Aunque el informe no especifica si alguna de estas actuaciones se realizó en Melilla, la ciudad ha sido objeto de seguimiento en años anteriores por su centro penitenciario y el CETI.
El informe también destaca que la institución atendió personalmente a 35.733 personas: 34.115 mediante llamadas telefónicas y 1.618 de forma presencial. Estos datos muestran la cercanía del Defensor del Pueblo con la ciudadanía y su papel como puente entre las personas y las administraciones públicas.
En el caso de Melilla, el uso de esta herramienta institucional muestra que, aunque el número total de quejas es modesto, existe una conciencia creciente sobre la importancia de reclamar y exigir mejoras en la gestión de los servicios públicos.
