La Ciudad Autónoma y el Colegio de Médicos trabajan conjuntamente en la elaboración de un convenio marco cuyo objetivo es conseguir que los facultativos, sobre todo los especialistas, quieran venir a trabajar a Melilla y pueda reforzarse así la mermada plantilla que atiende los servicios de la sanidad púbica. Se trata, en esencia, de dar como incentivo una ayuda para el alquiler de vivienda, una práctica bastante común, al parecer, entre las comunidades autónomas, que se disputan a estos profesionales para sus respectivos sistemas de salud.
Aunque cierto es que debería ser el Gobierno central el que se ocupara de plantear los incentivos, máxime cuando decretó hace dos años que Melilla era de "difícil cobertura", los melillenses no tienen muchas más opciones para poder atraer médicos. Dice la ministra de Sanidad, Mónica García, que los facultativos aquí son los que más cobran de España, pero oculta que es por el plus de residencia que, además, cobran todos los empleados públicos en esta ciudad. Pues ni siquiera con esos supuestos sueldos que equiparó al de los ministros en una de sus últimas intervenciones, los especialistas quieren vivir en Melilla: no les compensa frente a la inestabilidad laboral de unos contratos que apenas si se fijan para unos meses.
De nuevo es la Ciudad Autónoma la que tiene que poner la carne en el asador para tratar de resolver un problema que el Ministerio, encabezado por el partido Sumar, no es capaz de solventar. Una vez más son los propios melillenses los que tienen que buscarse las habichuelas ante el abandono estatal y asumir un papel que no les corresponde porque la sanidad pública es competencia única y exclusiva de Mónica García en estos momentos, algo que se ha dicho hasta la saciedad pero que no parece tener repercusión alguna allí en Madrid.
Por eso, cuando se conoce el acuerdo entre el PSOE y Junts para que Cataluña obtenga las competencias en materia de inmigración la pregunta es inmediata: ¿por qué ellos pueden disponer de una materia que la Constitución concede exclusivamente al Estado pero a Melilla no se le concede una encomienda de gestión para que pueda organizar su propia sanidad pública? Y la respuesta es evidente: el sillón de Sánchez en La Moncloa no depende de los votos de los representantes legítimos de la ciudad en las Cortes Generales.
