El diputado que Somos Melilla tiene en la Asamblea autonómica, Amín Azmani, líder también del partido, ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía por el vertido de aguas fecales en la desembocadura del Río de Oro ocurrida el pasado día 18 de este mes de enero. La denuncia también se ha registrado enviado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y las consejerías de Medio Ambiente, y Políticas Sociales y Salud Pública.
Somos Melilla relata que fue el pasado sábado, sobre las nueve de la mañana, cuando se produjo el "vertido masivo" de esas aguas fecales y pluviales en la desembocadura del río. Además, asegura que tuvo su origen en la estación de bombeo de aguas residuales cercana, que "abrió sus compuertas, permitiendo el paso de miles de litros de aguas residuales mezcladas con residuos sólidos, incluyendo compresas, toallitas húmedas y otros desperdicios que la población desecha inadecuadamente en el inodoro".
Igualmente, afirma en su denuncia que "no se trata de un hecho aislado". "Hemos denunciado públicamente vertidos similares en febrero de 2024 y octubre de 2024, alertando sobre el deterioro ambiental y el riesgo sanitario que estos episodios suponen", señala Azmani en la denuncia.
En ella recuerda también que el colectivo ecologista Guelaya ha interpuesto denuncias en los últimos años "sin que, hasta la fecha, se hayan adoptado medidas eficaces para prevenir y solucionar esta grave problemática".
Según Somos Melilla, se está incumpliendo la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que establece la obligatoriedad de garantizar la calidad de las aguas y evitar vertidos contaminantes en cauces públicos. Cita igualmente el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, que tipifica como infracción grave el vertido no autorizado de aguas residuales a los cauces públicos. Y finalmente alude al Código Penal (artículo 325 y siguientes), que sanciona las acciones u omisiones que causen o puedan causar graves daños al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud pública.
Por todo ello, solicita la apertura de un expediente sancionador "a los responsables de la gestión de la estación de bombeo del Río de Oro y la depuración de responsabilidades administrativas y penales en su caso".
Quiere en la misma línea "un informe técnico urgente" que determine el alcance del daño ambiental y los riesgos para la salud pública derivados del vertido, así como la adopción de medidas inmediatas "para evitar la repetición de estos vertidos, tales como la mejora del sistema de bombeo, la implementación de sistemas de retención de sólidos y la depuración adecuada de las aguas antes de su vertido".
Otra de las peticiones es la puesta en marcha de una auditoría sobre la gestión de aguas residuales en Melilla, "con especial atención a las deficiencias estructurales que derivan en vertidos recurrentes" y insta a la Fiscalía a que considere la apertura de diligencias judiciales "contra los responsables de esta situación".
"Instamos a las autoridades competentes a actuar de manera inmediata y efectiva para evitar la continuidad de estos episodios de contaminación, que suponen un grave atentado contra el medio ambiente y la salud de la población de Melilla", concluye la denuncia.
