El Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Melilla ha denunciado una falta total de información respecto a la situación actual de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).
En declaraciones a El Faro, el secretario general de esta organización sindical en Melilla, Jesús Ruíz Barranco, ha manifestado el descontento del sindicato tanto con la propia mutualidad como con las compañías aseguradoras privadas.
Ruíz recordó la exigencia a ambas partes que desde el SUP hicieron en la manifestación del pasado mes de diciembre hacia ambas partes acerca de actuar con responsabilidad y no "mercadear" con esta cuestión.
"No tienen que mirar por el interés económico, sino por la salud de los trabajadores públicos de la ciudad y del resto del país".
Respecto a los pasos a seguir de cara al futuro, el SUP no ha planteado organizar movilizaciones. Sin embargo, tampoco están descartadas a tenor de la situación de incertidumbre que vienen lamentando.
El secretario general ha apelado a las partes implicadas a llegar a un consenso y garantizar la continuidad de Muface para prestar servicio sanitario a todos los policías nacionales y miles de funcionarios de otras instituciones.
Por lo pronto, el SUP confía en que la situación se resuelva y los agentes y demás funcionarios puedan elegir las compañías aseguradoras privadas.
Jesús Ruíz es tajante en afirmar que el mutualismo administrativo no es ningún privilegio, puesto que, según dijo, siempre ha existido.
"Siempre hemos tenido la capacidad de poder elegir Seguridad Social o mutualidad y tener una buena cobertura médica. Estamos muy disgustados, no vemos claridad en esta situación. Las informaciones por el momento son poco claras".
Pasarse a la Seguridad Social
Desde el SUP se ha alertado en fechas recientes de la existencia de carteles “falsos” difundidos en redes sociales que invitan a los funcionarios a abandonar Muface para irse a la Sanidad pública, utilizando el logo del sindicato.
Por otro lado, Jesús Ruíz habló de unos correos electrónicos que ha recibido en los que aparece reflejada la opción de pasarse a la Seguridad Social y, en caso de una licitación en Muface, cambiarse de nuevo a la mutualidad al momento.
La organización, por lo pronto, no está dando indicaciones a sus afiliados sobre los pasos que deben tomar.
"No somos quien para decir que deben hacer. Son temas personales y la salud es prioritaria".
Futuro de Muface
Respecto al futuro de Muface, desde el SUP afirman que este es "incierto". Sin embargo, no consideran que la mutualidad vaya a desaparecer, "a pesar de que el Gobierno de turno se esfuerce en ello", subrayó Ruíz.
"Muface no tiene nada que ver con otras aseguradoras privadas. Nosotros la utilizamos para gestionar las bajas o para las recetas médicas".
Alegan que las informaciones disponibles no son "demasiado fiables". Pese a que el plazo se ha ampliado hasta el próximo 27 de enero, todavía se mantiene la incertidumbre de si otras compañías aseguradoras se unirán a Asisa, la cual es la única que licitará "por el momento".
Situación actual
El Gobierno ha decidido ampliar hasta el 27 de enero el plazo para que las aseguradoras se presenten al concurso de Muface, tras la retirada de DKV y Adeslas, a pesar de un aumento del 33,5 % en las primas. Adeslas, que cubre al 47 % de los mutualistas, argumentó que la oferta le generaría pérdidas de 2.590 millones de euros. Por su parte, DKV también se retiró, calificando el modelo de "infrafinanciado", aunque seguirá ofreciendo cobertura de forma transitoria.
Asisa es la única aseguradora que no ha tomado aún una decisión definitiva, teniendo como plazo límite el 15 de enero. Si se retira, los mutualistas deberán inscribirse en los servicios médicos públicos de su comunidad autónoma antes del 27 de enero.
El Gobierno justificó la extensión del plazo para favorecer la competencia, señalando la complejidad técnica de los requisitos y el impacto de las festividades navideñas en la preparación de las propuestas.
Actualmente, Muface da cobertura a 1,5 millones de personas, de las cuales el 70 % opta por aseguradoras privadas, especialmente en comunidades como Andalucía y Madrid, que asumirían la mayor carga si el modelo cambia.
