La XXVII Conferencia de Presidentes, celebrada ayer en Santander, se cerró sin que hubiera un solo acuerdo, algo ya previsto por los propios asistentes, que dejaban de manifiesto su sorpresa por la falta de documentos del Gobierno de España para analizar y sobre los que debatir antes de establecer cualquier tipo de consenso.
Ya lo decía hace días la diputada del PP por Melilla, Sofía Acedo, cuando manifestaba que no esperaba nada de ese encuentro y hoy reafirmaba el presidente accidental, Miguel Marín, al término de la reunión al señalar que, en su opinión, Sánchez la convocó por obligación, porque la norma dice que debe celebrarse al menos dos veces al año y hacía ya varios que no se llevaba a cabo.
Que no habría acuerdos era algo que sospechaban los presidentes autonómicos asistentes. Tal y como decía el representante melillense, si el Gobierno no entregó documentos ni papeles con propuestas previas a los asistentes a esta Conferencia, era de entender que no tenía la menor intención de acordar nada con los territorios. Y, efectivamente, así ha sido.
No es exagerado decir que el cónclave autonómico se limitó a una serie de monólogos de los presidentes de las distintas comunidades, además de Ceuta y Melilla, poniendo sobre la mesa las necesidades de sus respectivas autonomías en las materias que quedaron fijadas por el Gobierno; esto es, vivienda, inmigración, sanidad y financiación autonómica.
En su intervención, Miguel Marín abordó la situación de la ciudad frente a esas cuatro materias pero también dejó de manifiesto la negativa de Melilla a aceptar la "posición de privilegio" que el Gobierno de Sánchez va a conceder a los independentistas catalanes, a los que dotará de un concierto económico y la gestión de sus propios tributos a la Hacienda. "Estamos totalmente en contra de esa soberanía fiscal exigida por los independentistas", recalcó el presidente accidental de la Ciudad Autónoma.
Marín rechazó que se trocee la Agencia Tributaria porque eso, junto con el concierto económico para Cataluña, son "tremendamente negativos" para los intereses de la inmensa mayoría de los españoles. Melilla está así en línea con el planteamiento nacional del Partido Popular, que exige un absoluto respeto a la igualdad de todos los ciudadanos, tal y como consagra nuestra Constitución, que recientemente cumplió 46 años.
Como ya había anunciado antes de marcharse a Santander, las cuestiones que Melilla plantaría sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes pasan por pedir que se repare el agravio con Ceuta en materia de cesión de terrenos, mayor financiación para cubrir las necesidades de los menores migrantes, solucionar de una vez los gravísimos problemas que afectan al sistema público de salud y que el Estado se encargue de sufragar materias de su competencia que actualmente asume la Ciudad Autónoma, como es el caso de la universidad, determinados servicios sanitarios y asuntos relacionados con la educación.
El presidente accidental también exigió que el Gobierno pague a Melilla los 100 millones de euros que durante los últimos 12 años se han entregado a Ceuta pero no a los melillenses, lo cual supone un déficit injusto si se tiene en cuenta que ambas ciudades son muy similares en tamaño, población y necesidades.
