La Guardia Civil de Melilla ha denunciado a un hombre y una mujer, ambos naturales de la ciudad, tras localizar a dos perros sin microchip ni los registros de obligado cumplimiento en los terrenos de Villa Pilar, antiguo enclave agrícola y ganadero de Melilla. La actuación, llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha sido dada a conocer este martes por la Comandancia.
Los agentes se desplazaron a la finca después de tener conocimiento de la posible presencia de dos canes en estado de abandono. Una vez allí, la patrulla encontró a los animales atados en el exterior de una edificación rústica deshabitada, donde permanecían alojados de forma permanente.
Según la Guardia Civil, los perros presentaban un aparente buen estado físico. Sin embargo, los agentes constataron que seguían vinculados al inmueble bajo el cuidado informal de dos particulares, que fueron identificados durante la inspección.
La documentación que mostró una de estas personas permitió comprobar, además, que la última vacuna antirrábica obligatoria de ambos animales databa de junio de 2025. Por tanto, carecían de la cobertura sanitaria exigible en la actualidad.
Durante la inspección, la mujer explicó a los agentes que alimentaba a los perros de manera altruista, mientras que el hombre reconoció que se encargaba de su mantenimiento.
Este último admitió también ante la patrulla que se negaba a implantar el microchip obligatorio y a tramitar el pasaporte sanitario de los dos canes. Su propósito, según trasladó a los agentes, era evitar figurar como titular legal de los animales.
La Guardia Civil recuerda que la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales diferencia entre el "titular" y el "responsable", entendido este último como la persona que ejerce la custodia de hecho. Por ello, no reconocer voluntariamente la propiedad de un animal no exime de las responsabilidades administrativas que se derivan de su cuidado.
El instituto armado subraya que la falta de identificación mediante microchip y de inscripción registral no es una simple irregularidad formal. La norma la tipifica de forma expresa como infracción administrativa grave, castigada con multas de entre 10.001 y 50.000 euros.
A estas sanciones pueden sumarse medidas accesorias por parte de la Administración competente, como el decomiso de los animales para salvaguardar su integridad.
El Seprona, que ejerce funciones de inspección y denuncia, ha remitido la infracción a la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad Autónoma. Este departamento deberá verificar el historial de los perros, fiscalizar las condiciones de alojamiento y habitabilidad y, en su caso, incoar el correspondiente expediente sancionador contra el responsable de los hechos.
Por último, la Comandancia recuerda que abandonar animales o mantenerlos de forma continuada en lugares deshabitados, parcelas o polígonos industriales constituye una infracción de la legislación vigente. También insiste en la importancia de tener al día la cartilla sanitaria y las vacunas obligatorias, una medida esencial para el bienestar animal y para la salud pública, ya que previene enfermedades transmisibles al ser humano como la rabia.
