Decía ayer el consejero de Educación, Juventud y Deporte, Miguel Ángel Fernández, que tenía una muy buena relación con el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, y que ambos podían ponerse de acuerdo para llevar a cabo labores en beneficio de los centros educativos de Melilla. Ello, después de que se dejara claro que es el Ministerio el único competente a la hora de retirar el amianto de la cubierta de la escuela infantil del CEIP Real, que tanta polémica está suscitando en los últimos días y que incluso ha sido objeto de denuncia ante la Fiscalía por parte de unos 150 padres y madres de alumnos.
Tanto Fernández como la portavoz del Gobierno, Fadela Mohatar, dejaron de manifiesto que la Ciudad Autónoma está dispuesta a colaborar y que es necesario que se realice un informe que establezca la situación de todos las instalaciones educativas de Melilla con el fin de que se conozca cuál es la realidad de los edificios, parte de ellos con muchas décadas ya a sus espaldas. Es una gran idea que se revisen todos los centros, al menos los más antiguos, para que todo el mundo quede tranquilo y, en su caso, se dé solución a posibles problemas.
Por eso es del todo importante que las dos administraciones, la estatal y la autonómica, lleguen a acuerdos y trabajen conjuntamente en todos los asuntos que son del interés general de la población melillense. Y los colegios, indudablemente, forman parte de las prioridades que deberían tener unos y otros porque, en definitiva, estamos hablando de niños.
Que la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma miren en una única dirección y remen al unísono para alcanzar los objetivos de crecimiento y bienestar común de los melillenses debería ser la gran tarea de los dos partidos que encabezan estas instituciones. Otro ejemplo es la propuesta que ha hecho el presidente Imbroda de poner sobre la mesa 5 millones de euros para que 400 parados puedan tener un puesto de trabajo durante 6 meses. Es algo vital, una necesidad imperiosa, que la Delegación acepte la iniciativa y se ponga a trabajar ya en un convenio que suponga la puesta en marcha de ese programa de empleo.
Y como eso, otras muchas cosas que harían grandes a nuestros representantes públicos, tanto los elegidos por sufragio universal como los puestos a dedo por el Gobierno en Madrid. Es fundamental para el futuro de Melilla que las dos administraciones apuesten por sacar adelante las líneas estratégicas establecidas como pivotes de crecimiento económico del nuevo modelo productivo: la universidad, el turismo y la innovación tecnológica.
Lo curioso de todo esto es que tanto populares como socialistas creen que los tiros deben ir por ahí, pero cada uno hace la guerra por su lado. Si todos coinciden en que el turismo puede ser una industria de interés para el desarrollo local, ¿por qué el Gobierno central se niega a declarar como Obligación de Servicio Público las conexiones aéreas con Málaga y Madrid?
Levantar muros, como promueve el presidente Pedro Sánchez, no es la manera de gestionar los recursos públicos. Aquí todos pueden aportar porque el trabajo conjunto es la única manera de que todo funcione como debe. A ver si se lo graban a fuego nuestros políticos y los ciudadanos dejan de ser rehenes de sus cuitas.
