La consejera de Bienestar Social pide “precaución” a Prodein a la hora de hablar sobre este tipo de situaciones .
La Consejería de Bienestar Social ofreció ayer su versión de lo ocurrido con Jamal, el joven inmigrante de origen marroquí tutelado por la Ciudad Autónoma hasta que se descubrió que su madre también residía en Melilla. Así, la máxima responsable del área, María Antonia Garbín, señaló en declaraciones realizadas a ‘El Faro’ que el caso incluso podría derivar en un fraude de ley.
Ahondando en detalles, la consejera de Bienestar Social recalcó que Jamal, de 17 años de edad, se encontraba bajo la tutela de la Ciudad Autónoma como menor extranjero no acompañado desde hace cuatro años. Por tanto, cuando se detectó que su madre vivía en la ciudad, se procedió a trasferir la custodia del joven a ésta.
Garbín afirmó que quería pronunciarse “con cautela” sobre este tipo de asuntos, por lo que tiró de retórica y se preguntó si la madre ya se encontraba en territorio español cuando la Ciudad Autónoma asumió la tutela de Jamal o si ésta llegó después de que el joven entrara en Melilla.
En cualquier caso, y aunque no ofreció detalles concretos sobre el estado de esta familia, “por precaución”, afirmó que algunos matices del caso apuntaban hacia una situación “preocupante”.
La consejera conminó a la ONG melillense Prodein, que fue la que puso en conocimiento de El Faro dicho caso, a tratar este tipo de casos con “sensibilidad y responsabilidad”.
Casos paralelos
De igual modo, Garbín se pronunció sobre los paralelismos que realizó la asociación humanitaria entre la situación de Jamal y lo ocurrido con Khadija, a quien se le retiró la custodia de sus hijos por encontrarse en situación de desamparo.
Así, aseguró que finalmente Khadija había hecho “lo que debía”, que era “poner de su parte para encontrar una vivienda”, momento en el cual se le devolvió a sus hijos.
“Esta mujer intentó forzar la situación y echarle un pulso al Gobierno local”, aseveró la consejera de Bienestar Social, “finalmente, encontró una vivienda, cuya entrada y alquiler ha podido pagar gracias a la ayuda económica que le hemos concedido desde la Consejería”.
Del mismo modo, opinó que la actitud de la ONG Prodein y de Khadija fue la de “chantajear” a la Administración melillense. “Son comportamientos que no podemos tolerar, ya que hay muchas personas en la misma tesitura. A todas se les ofrece ayuda, pero Khadija no quiso aceptarla y forzó la situación”, concluyó.
