El Gobierno de la Ciudad Autónoma que preside Juan José Imbroda sigue esperando a que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le explique los motivos por los que Melilla recibe menos suelo militar que Ceuta, así como un presupuesto mucho menor cuando se trata de poblaciones muy similares en extensión, población y necesidades de inversión pública.
Es difícil entender por qué el Ministerio optó por conceder 12 hectáreas de terrenos militares a Ceuta mientras que para Melilla solo destinó 2,3 hectáreas. No se puede comprender todavía esa diferencia discriminatoria de trato, que no parece tener una justificación más allá de que el Gobierno melillense está sustentado por una mayoría absoluta del Partido Popular mientras que el ceutí, en minoría, debe apoyarse en el PSOE para sacar sus asuntos adelante.
Según la decisión adoptada por el equipo de Pedro Sánchez en 2023, Melilla obtendría 2,3 hectáreas de terreno y una dotación de 10 millones de euros para su adecuación, dirigida a contribuir al desarrollo urbanístico de la ciudad y la construcción de viviendas. Ceuta, por su parte, fue premiada con 12 hectáreas y una partida de 90 millones de euros para lo mismo. Se percibe un claro agravio comparativo que casi un año después aún no ha sido argumentado por Defensa ni por el Gobierno de Sánchez.
Por eso no es de extrañar que la Ciudad Autónoma haya expresado su malestar por una situación así, que parece "un castigo", en palabras de Imbroda, sin que se conozca el motivo. Ahora bien, tampoco es de extrañar esta situación si se tiene en cuenta que ni la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ni el PSOE melillense han hecho absolutamente nada por tratar de equilibrar la balanza y que Melilla tenga una mejor consideración en el reparto de suelo y de millones estatales.
Las críticas al "trágala" de los socialistas locales no parecen infundadas ante un agravio de tan volumen. No obstante, tampoco es la primera vez que el PSOE calla y otorga e incluso llega a defender cosas como el dañino cambio de la bonificación a la Seguridad Social, tolera el cierre de la aduana comercial y permanece callado ante la negativa marroquí a asumir el régimen de viajeros que corresponde, por citar algunos ejemplos.
La última es el apoyo de estos militantes al acuerdo alcanzado entre Sánchez y los separatistas de ERC para que Cataluña salga del régimen común y tenga su propio concierto económico, recaudando sus propios impuestos y gestionándolos como mejor les parezca.
Cuando hasta expertos en temas fiscales hablan de la posible inconstitucionalidad de la medida, aquí en Melilla se muestran encantados y llegan a afirmar que ahora todo está como más cohesionado e igualitario entre todos los españoles.
Quizás no se hayan dado cuenta aún que sin Cataluña en la ecuación, la tarta a repartir entre los territorios es bastante más pequeña y, en consecuencia, habrá menos dinero para el resto. Eso es pura aritmética aunque poco les importa porque aquí lo que prima es que Salvador Illa sea presidente, como si eso fuese garantía de estabilidad para Sánchez en Madrid.
Mientras ERC se sale con la suya, las demás comunidades siguen esperando a ver cuál va a ser la propuesta del Gobierno en cuanto al futuro de la financiación autonómica en un panorama complicado ante la más que probable prórroga número dos de los presupuestos de 2023.
