La sala de juntas de la Delegación del Gobiero acogió ayer la primera de las reuniones que se van a llevar a cabo entre este organismo y la Ciudad Autónoma para tratar de salvar los planes de empleo pendientes, de los que dependen los contratos de alrededor de mil personas por un importe de 12 millones de euros. Durante la reunión se pusieron sobre la mesa todas las dificultades técnicas y jurídicas que derivan de la sentencia del Juzgado de lo Social de Melilla por la que se establece la obligación de igualar los salarios entre esos trabajadores y los empleados públicos.
Muy poco se sabe de los resultados de esa entrevista más allá de los comentarios que ha realizado la delegada, Sabrina Moh, quien ha vuelto a señalar que el objetivo es encontrar una respuesta estructural que sirva no solo para solventar los problemas de cara a los planes de empleo pendientes de 2023, sino también todos los que puedan venir de cara al futuro. Y la idea, según señalaron fuentes oficiales de la Delegación, es que esos planes sirvan a los objetivos por los que se crearon y que no son otros que mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables o que tienen difícil inserción en el mundo laboral.
Llama la atención que por parte de la Delegación acudiera su propia titular, así como el director provincial del SEPE y funcionarios de alta cualificación en la Administración General del Estado. Sin embargo, la representación de la Ciudad Autónoma se limitó a la consejera de Presidencia, Marta Fernández de Castro, y la presidenta de Promesa, Esther Donoso. La diferencia en el rango de unos y otros quedó más que patente en lo que pudiera ser una intención clara del Gobierno de Imbroda de "ningunear" a la delegada.
Lo positivo, en cualquier caso, es que las partes se han sentado y se han puesto a trabajar para tratar de salvar esos planes de empleo y los 12 millones que suponen como inyección para la economía melillense, sin contar con el alivio que esos contratos de seis meses supondría para cientos de familias que necesitan un puesto de trabajo sea como sea. Ellas son, en definitiva, las grandes perjudicadas por toda esta situación de bloqueo que, no obstante, viene precedida de un retraso injustificado en sacar adelante la iniciativa por parte de la Delegación del Gobierno y el SEPE.
Los planes de empleo no son, ni mucho menos, la panacea para esta ciudad, pero no hay que perder de vista el hecho de que sin ellos, muchos ciudadanos lo pasarían bastante peor de lo que atraviesan en estos momentos. Partidos como Vox no están de acuerdo con esta política que, en definitiva, viene a ser la política de la subvención. Sin embargo, se trata de una medida paliativa para el grave problema de paro que existe en Melilla, principalmente entre las mujeres y los jóvenes con escasa cualificación profesional.
Y esos colectivos necesitan el apoyo de la Administración Pública, una oportunidad de tener contrato y un sueldo a final de mes que llevar a sus familias. De ahí la importancia de los planes de empleo, que se iniciaron hace alrededor de veinte años y que se esperan siempre como agua de mayo por el alivio que supone para tantas economías familiares de nuestra ciudad.
