La Asociación Española de Guardias Civiles, a la que pertenece, afirma que el afectado es “víctima de una venganza” en base al ‘código de silencio’ impuesto por los mandos.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denunció el pasado martes en su página web, de la que se hizo eco ‘El Faro’ ayer, la decisión de la Comandancia de Melilla de abrir un expediente disciplinario, por una falta grave, a uno de sus asociados tras la denuncia que interpuso por un incidente ocurrido hace ocho meses en la frontera entre Melilla y Marruecos con un agente del Cuerpo Nacional de Policía.
El portavoz de prensa de la AEGC, José Antonio Teyssiere, afirma que el delegado de esa asociación en la ciudad, H.M., está siendo tratado como “un ciudadano de segunda” y, en consecuencia, discriminado por su condición de guardia civil.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de enero en la frontera melillense cuando H.M. iba acompañado de unos amigos para pasar unos días en Marruecos. En el control policial fronterizo, según el comunicado de la AEGC, asegura que recibió un trato “prepotente e irrespetuoso” tras indicar a los agentes de la Policía Nacional que su dispositivo no cumplía los requisitos de visibilidad y seguridad, no tenía la señalización correspondiente, y los agentes del CNP no llevaban los chalecos reflectantes que se exigen para las funciones propias en la frontera.
El trato recibido motivó que el agente de la Benemérita, sin identificarse en ningún momento como tal, según insistieron desde la AEGC, interpusiera una queja en la Delegación del Gobierno tres días después. Allí la queja se registró y se derivó a la Jefatura Superior de Policía de Melilla para su investigación al estar implicado un agente del Cuerpo.
Sin embargo, sin llegar a recibir ninguna notificación de la Delegación del Gobierno ni de la Jefatura sobre la recepción de la queja y su investigación, H.M. fue llamado recientemente por su mando superior en la Comandancia de la Guardia Civil y fue informado de la apertura de un expediente disciplinario por falta grave a causa de este incidente e interrogado al respecto.
Y es que, según afirmó Teyssiere, el teniente con el que se entrevistó H.M. le instó a que “no tenía que haber denunciado nada y tapar así las irregularidades del agente de la Policía Nacional que intervino”.
No obstante, el portavoz de la AEGC explicó que si bien es cierto que existen centenares de expedientes disciplinarios abiertos contra miembros de la Benemérita, “no es habitual que se actúe de esta manera” cuando el afectado “actuó en todo momento como un ciudadano más y no como guardia civil”.
Teyssiere aseguró que no existe ley alguna que cercene los derechos de los agentes al ingresar en el Instituto Armado a pesar de que “aún haya algunos oficiales que consideren que sí”.
El proceso
El motivo por el que se abre un expediente disciplinario, explicó el portavoz de la AEGC, es porque existe una prueba de cargo contra uno de los agentes. Cosa que no ocurre con H.M. pues “la queja la interpuso como ciudadano y no como guardia civil”. El procedimiento normal es que a raíz de la existencia de una causa se realize una investigación para buscar más pruebas y aplicar en consecuencia una sanción. Teyssiere afirma que, en este caso, “ni tienen una prueba de cargo ni más pruebas que aportar”.
Además, el afectado solicitó la asistencia de un abogado en el interrogatorio, que fue denegada por el teniente al cargo de la investigación, siempre según lo relatado por el portavoz de la AEGC. Algo que consideró una actitud “incorrecta e ilegal” que apunta a un acto de “venganza”.
Por último, éste dijo no entender que cómo, si la queja presentada en la Delegación se derivó a la Jefatura Superior de Policía, ha ido a parar a la Comandancia de la Guardia Civil, si el afectado nunca se identificó como miembro de la Benemérita.
Un recurso a una posible sanción de suspensión de empleo y sueldo
Tanto el afectado como el portavoz de prensa de la AEGC aseguraron a este diario que se ha presentado un recurso contra el expediente disciplinario al considerar “injusta” la actuación de la Comandancia de la Guardia Civil ante un hecho que parte “de una queja de un ciudadano que está viendo que sus derechos como tal están siendo cercenados”.
De prosperar el expediente, el afectado podría enfrentarse a una sanción consistente en la suspensión de empleo y sueldo hasta un máximo de seis meses o incluso la pérdida de destino y ser trasladado. Estos incidentes dentro del Instituto Armado acaban, en su mayoría, resolviéndose por la vía judicial, según dijo el portavoz de la asociación. Y es que, según Teyssiere, los mandos no quieren que los agentes de la Guardia Civil que trabajan en las consideradas “zonas calientes” como Melilla, Ceuta o País Vasco “abran la boca”.
