La Delegación del Gobierno anunció ayer que el próximo día 5 de marzo se va a constituir un grupo de trabajo sobre transportes. Hasta ahí bien. Lo que pasa es que no se sabe qué personas integrarán ese grupo, cuál es el perfil que se requiere para estar en él, si habrá espacio o no para representantes de la Ciudad Autónoma, si se constituirá en Melilla o en Madrid y si se va a pronunciar sobre cuestiones polémicas en estos momentos como el futuro contrato marítimo, cuyo pliego de condiciones no contenta a todas las partes.
El transporte es esencial para la ciudad y, en consecuencia, no está para jueguecitos políticos ni para crear grupos de trabajo que, como todos sabemos, no hacen sino dilatar en el tiempo cualquier conclusión válida que sirva para solucionar los problemas. De hecho, si se lo hubieran tomado tan serio como ahora pretenden aparentar, el grupo se habría constituido justo después de que se aprobara el Plan Integral que, según fuentes oficiales, es el que le da cobertura. De hecho, ese órgano se va a crear dieciséis meses después de que el plan se presentara en Melilla por la entonces ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. No parece que en realidad tuvieran mucha prisa para ocuparse del asunto en cuestión.
Resulta cuanto menos curioso que el anuncio de la Delegación del Gobierno se haya realizado días después de que el Ejecutivo melillense anunciara que había enviado al Ministerio de Transporte su propuesta para que las líneas aéreas de Málaga y Madrid, que son fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad, sean declaradas como Obligación de Servicio Público (OSP). Puede tratarse de una casualidad pero en política pocas cosas surgen al azar. No sería en absoluto descabellado pensar que crear ese grupo sea una respuesta a la iniciativa del equipo que preside Imbroda. Aquí desgraciadamente no se trata de cómo servir mejor al interés general, sino qué siglas puede ponerse la medalla.
Y Melilla no está para esos movimientos partidistas en modo alguno. Urge que todos remen en la misma dirección del desarrollo económico que pone sobre la mesa el Gobierno local, que es el que mejor conoce, por pura lógica, los problemas de la ciudad. Si la cuestión es que los transportes sean más ágiles, más cómodos y más baratos, que se pongan todas las partes a trabajar en esa línea. Lo decíamos hace poco: el Ejecutivo de España, liderado por Pedro Sánchez, tiene una oportunidad de oro de mostrarse sensible a las carencias de los melillenses y no con grupos de trabajo dieciséis meses después del plan sino con políticas decididas, como esa OSP para Málaga y Madrid.
Repetimos que sin transportes en condiciones no habrá futuro económico en una ciudad que tiene vetada una puerta de salida al comercio (aduana cerrada y negativa al régimen de viajeros por parte de Marruecos) y cuya única alternativa es convertirse en destino de inversiones en nuevas tecnologías aprovechando las ventajas fiscales, desarrollarse turísticamente y atrayendo universitarios, como tres ejes básico del modelo productivo que se pretende implantar.
Lo importante es que no se pierda tiempo. Los melillenses no pueden permitírselo. Estamos a la cabeza de malos datos como el paro, el desempleo entre los jóvenes o los precios más caros en alimentación, entre otros muchos ejemplos, y lo que piden los ciudadanos es poder tener un proyecto claro de vida en su propio pueblo.
