Pocas cosas con tanta frecuencia tienen menos esperanza de vida que las declaraciones políticas. Se mueven de un lado a otro, a veces incluso a los extremos opuestos, según la oportunidad obligue, la estrategia determine y, sobre todo, si el vaivén favorece para desgastar al contrario. Es en lo que se dice y en lo que no (aunque después se sepa), donde determinadas promesas, apoyos y rotundas afirmaciones van cambiando de color según lo que la ocasión obligue.
A raíz del asesinato de dos guardias civiles, dos servidores públicos, hace apenas algo más de una semana, el debate sobre las necesidades que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha subido de intensidad reclamando actualidad.
Guardias civiles y policías nacionales, convocados por sus asociaciones y sindicatos, vuelven a levantar la voz y su razón, espoleados también por el dolor (especialmente los primeros), para reivindicar una jubilación digna, una equiparación lógica con otros cuerpos de seguridad, una dotación objetiva de medios para la labor encomendada, la determinación de zonas de especial singularidad por la atención de su peligrosidad e incluso que la suya, su profesión, sea determinada de riesgo.
La clase política representativa, que es quién ostenta el poder legislativo y el ejecutivo, puede o no estar de acuerdo con la reivindicación y su contenido, en la medida y alcance que considere oportuna según los distintos criterios que por siglas e idearios existen, normal. Lo que ya no lo es tanto, aunque se vuelve rutina, a base de suceder, es que cuando se estuvo en el poder y, por ello, se tuvo, poco o nada se hizo de lo que ahora se exige.
Esto crea una confusión que en nada ayuda al fin de la petición y deja el regusto que, si acaso, presuntamente, el apoyo político es poco más que la oportunidad para afear al adversario, un elemento más para la confrontación política.
La justicia es poderosa cuando existe, pero aún más poderosa, por necesaria, cuando no en las saludables condiciones a las que aspirar siempre. La historia interminable en lo que se ha convertido la senda hacia una verdadera independencia judicial (con la renovación real de sus órganos de gobierno incluido) y junto a ello, la dotación de recursos necesarios para su normal discurrir atendiendo a las singularidades que el acecho y actuación del mal obligan, es otro de los escenarios en el que el combate partidario e ideológico se bate entre la interesado alboroto y el oportunismo manifiesto.
Tras los muy graves acontecimientos de Bartate ha vuelto a quedar en evidencia la urgente necesidad de existencia de órganos judiciales especializados de instrucción de pertenencia a organizaciones criminales y todo lo que deriva de esta como veneno social. Tal carencia no es más que un “aliciente” para que por viejos y/o amontonados haya casos que mueran de inanición, a veces, incluso, inducidos a ello. Esto no pasa únicamente en el Campo de Gibraltar y aledaños, aunque zona paradigmática, no está sola.
Debe haber consenso en materias tan sensibles y mejorables, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Justicia, porque que en ellas nos va la democracia en sí y la salud de nuestra forma de vivir. Más consenso y menos “ring” donde dirimir afrentas políticas y escalar peldaños de poder a riesgo que el mal prospere.
