El PP aprueba una reforma del Reglamento del Senado para retrasar la entrada en vigor de la amnistía

El Partido Popular ha puesto en marcha su estrategia para tratar de parar en lo posible la aplicación de la ley de amnistía que próximamente aprobará el Congreso de los Diputados, según el acuerdo establecido entre el PSOE y los independentistas catalanes. De hecho, el grupo socialista ya ha presentado la proposición de ley que, al final, solo firmó el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, después de que el resto de los socios no quisieran aparecer como signatarios de la iniciativa.

La primera medida que han puesto negro sobre blanco los populares es la aprobación de una reforma en el Senado para retrasar lo máximo que se pueda la puesta en vigor de la amnistía. Para ello, el PP ha utilizado la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta y consiguió sacar adelante su propuesta por 147 votos a favor y 116 en contra, según manifestó al respecto el senador por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.

El primero de los artículos modificados determinaba un plazo máximo de 20 días para tramitar los “proyectos de ley” que, procedentes del Congreso, llegaran con la condición de ser tramitados por el procedimiento de urgencia. La reforma planteada por los populares concede a la Mesa del Senado la capacidad de determinar, con respecto a las proposiciones de ley, este carácter de urgencia y en caso de no considerarlo imprescindible, tramitarlo por el procedimiento ordinario, dándose, por tanto, dos meses, para analizar la bondad de la norma, sometiéndola, además, a solicitud de informes o comparecencia de expertos, a fin de incrementar la capacidad de influencia de la Cámara Alta en el rigor del proceso legislativo.

La segunda medida aprobada por el Senado cambia los requisitos para instar a la comparecencia del presidente del Gobierno en esta cámara. Con la modificación se establece que, a partir de ahora, será suficiente con un quinto de los senadores (53 parlamentarios) o dos grupos parlamentarios para pedir que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones en la cámara. Además, el presidente no podrá ignorar la petición ni eludirla, como ahora sucede, tal cual queda redactado el correspondiente artículo del Reglamento del Senado, según explicó Gutiérrez Díaz de Otazu.

Por su parte, la senadora del PP por Melilla, Isabel Moreno, dejó claro que esta reforma implica una mejora de la tramitación legislativa y la calidad democrática. "Por un lado, se garantiza que no vuelva a ocurrir lo sucedido con la ley del "solo sí es sí", ampliando el plazo de tramitación a dos meses. También se ha contemplado la comparecencia del presidente y los ministros en el Senado cuando fueran requeridos. Nos hemos visto en la necesidad de incluir este precepto tras el talante antidemocrático que el Gobierno en funciones demuestra a la cámara alta, la camara en la que el Partido Popular ostenta la mayoría absoluta por la voluntad popular, sí, y que como saben es la cámara territorial de nuestro país. El PSOE se opuso a esta reforma, si hubiera sido una de las demandas de Puigdemont ya sabemos cuál habría sido el resultado, y es que hemos llegado al absurdo de que Sánchez ha puesto en manos de un fugado de la justicia el destino de España", manifestó

Para la parlamentaria popular, Sánchez "ha superado todos los records de ignominia". "Una de las vergonzosas cesiones de Sánchez a los secesionistas es, precisamente, la Ley de Amnistía, que para él, antes del 23 de julio era inconstitucional, cambiando de opinión la misma noche electoral y a través de la cual no sólo se pretenden condonar los delitos de los golpistas del proces, sino reescribir la historia, rompiendo con la Constitución y con el principio de igualdad de todos los españoles, y ya vemos en la propia sesión de investidura como Sánchez se regodea en su traición a todos los españoles intentando enmascararlo como un ejercicio de convivencia y de interés general. Nada más alejado de la realidad, el único interés es absolutamente personalista, mantenerse en el poder a cualquier precio".

De ahí que se preguntara "¿cuántas instituciones, entidades tienen que decir no a la amnistía? ¿Cuántos millones de ciudadanos deben decir no a la amnistía? Todo sea para poner en marcha un presunto "gobierno progresista", cuando en realidad estamos ante el gobierno de la mentira, un gobierno sectario, autocrático y de las minorías radicales e insaciables que quieren minar el estado de derecho y los pilares fundamentales de nuestra sociedad".

Por ello, llega a la conclusión de que la reforma del Reglamento del Senado "ha supuesto un paso determinante en el fortalecimiento de la calidad democrática y, por supuesto, que a nadie le quepa duda que desde el Partido Popular en el Senado seguiremos actuando como muro de contención de toda la indignidad del sanchismo", concluyó.