Coalición por Melilla (CpM) registró, el lunes por la tarde, su primera moción en esta legislatura. Según un tuit de la formación, el objetivo es acordar una iniciativa legislativa “con el mayor consenso de las fuerzas representadas en la Asamblea” para solicitar la modificación el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, y el Real Decreto-ley 660/2023, de 18 de julio, “tan perjudiciales para la economía melillense”.
La primera de estas normativas cambia, a partir del próximo día 1 de septiembre, la bonificación automática del 50 por ciento en las cuotas de todos los trabajadores y hace que se bonifique sólo con 262 euros a los trabajadores indefinidos. No se benefician los contratos temporales, las sustituciones o las bajas maternales y, además, hay que dar formación a los empleados para tener derecho a la subvención.
En cuanto a la segunda ley, al terminar el ejercicio, obliga a solicitar una subvención por la diferencia entre los 262 euros y el 50 por ciento que se tenía antes, pero, para cobrarla, la empresa tiene que estar al corriente del pago de los tributos, impuestos y cuotas a la Seguridad Social en el momento de pedirla.
CpM resalta en su moción que, desde la Orden TAS/471/2004 el año 2004 Melilla gozaba de la aplicación automática de las bonificaciones en los documentos de cotización. “Se aplicarán por los beneficiarios de las mismas con carácter automático, en los correspondientes documentos de cotización”. Y así la Ley 20/2007 de 11 de julio, Estatuto del trabajo Autónomo, especificaba que “los autónomos que residan y ejerzan su actividad en las ciudades de Ceuta y Melilla, tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de la cuota por contingencias comunes correspondiente a la base de cotización”.
El Real Decreto-ley 1/2023, cuyos efectos serán desde el 1 de septiembre, viene a derogar el anterior sistema de bonificaciones a la Seguridad Social de las empresas de Ceuta y Melilla, lo que a juicio de los cepemistas supone “un sorprendente desmantelamiento de unas condiciones”, ya que se implantan “otras notablemente perjudiciales para el sector empresarial de Melilla, y por ende, en claro perjuicio a su régimen económico y fiscal”.
La promesa del Gobierno de la nación, tras las muchas advertencias hechas al efecto por parte de organizaciones empresariales y formaciones políticas, fue la “subsanación del error” de lo que CpM considera “un agravio de grandes consecuencias en el tejido económico de Melilla”, y así piensan que se puso de manifiesto por las autoridades competentes. La supuesta “solución”, indican, ha llegado a través del Real Decreto 660/2023 que complementa -mediante una novedosa subvención- las bonificaciones previstas en el Real Decreto-ley 1/2023 hasta alcanzar el 50% de la cotización empresarial”, pero no les convence.
A su parecer, los argumentos utilizados desde la Administración central para dar un giro de ciento ochenta grados en cuanto a las nuevas formulaciones, mediante la concesión directa de subvenciones para personas trabajadoras con contratos indefinidos, no han sido bien recibidos por los sectores empresariales a los que se les carga de burocracia y una vez superados los requerimientos se cobraría en diferido si existe dotación presupuestaria para ello.
Así lo explicó, en efecto, el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), Enrique Alcoba, quien lamentó hace unos días que, además, únicamente se cobrará si hay dotación presupuestaria y varios meses más tarde, y habrá que tributar la subvención en el IRPF “cuando se cobre, si se cobra y si hay dinero”.
Desde Coalición por Melilla consideran, por tanto, que lo anterior va a condicionar y reprimir la contratación de trabajadores en un mercado y economía sumamente vulnerable como la de la ciudad.
“Desde Madrid, nos están imponiendo barreras políticas y económicas continuamente que perjudican nuestro futuro y desarrollo. Parece como si de un plan preestablecido se tratara”, ha declarado el diputado local Emilio Guerra.
CpM espera que todas las fuerzas políticas de la ciudad “remen en el mismo sentido” y para utilizar un instrumento valioso, como es el de la iniciativa legislativa para que al menos se les oiga en el Congreso de los Diputados.
El pasado día 9 de agosto, el diputado de Somos Melilla, Amin Azmani, ya presentó una moción en la Asamblea para tratar en el próximo pleno sobre este asunto con el objetivo de crear un grupo de trabajo que, consensuando la acción institucional, instara al Gobierno central a recuperar la bonificación del 50 por ciento y extenderla a todos los sectores económicos y empresariales de Melilla, así como a los trabajadores temporales.
