Según la Confederación Española de Policía, el CETI, en su creación, “fue una buena idea, pero al no tener en cuenta la magnitud migratoria se ha convertido en un problema”.
La Confederación Española de Policía (CEP) felicitó ayer, a través de un comunicado de prensa, a los agentes que en la noche del pasado viernes intervinieron en la reyerta entre subsaharianos y argelinos que tuvo lugar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con el resultado de varios heridos y tres detenidos.
Según la CEP el dispositivo integrado por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Melilla y de la Unidad de Intervención Policial “logró poner fin en tiempo récord y con una eficacia casi quirúrgica a los disturbios provocados por un grupo de inmigrantes”.
Felicitación que la Confederación hace extensiva al resto de personal que intervino en en la sofocación de los incidentes, es decir, Guardia Civil y Policía Local.
Sin embargo, desde esta organización indican que este hecho, “vuelven a poner de manifiesto las denuncias que hemos realizado sobre el peligro de la saturación en este tipo de instalaciones, dependientes del Ministerio de Trabajo e Inmigración”.
Posibles causas
Así, según explican, en el caso del CETI de Melilla, inaugurado en 1999 y con una capacidad de 472 plazas, “los niveles de ocupación actuales se acercan a las 600”, aunque no hay que olvidar que recientemente el centro registró unas mejoras y amplió su capacidad hasta casi las 600 plazas.
También apuntan como una probable causa de los disturbios “la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de sus protagonistas. Algo que prohíben las normas de funcionamiento del CITE pero que sus ocupantes hacen antes de acceder a las instalaciones de acogida”.
Por otro ello, y ante la “eficaz intervención de las Fuerzas de Seguridad, con una mención muy especial al Cuerpo Nacional de Policía”, reclaman y dicen que son “merecedores de un reconocimiento público y una reflexión, que debe afectar a todas las instituciones públicas de la Ciudad Autónoma, sobre el origen de las reyertas que se producen en el interior del CETI y las medidas que podrían articularse para evitarlas”.
Para el CEP, ésta pasarían, “lógicamente, por una mejora de las medidas de seguridad internas, aunque deben ir mucho más allá y extenderse al ámbito de la mediación social y educación, entre otros”.
“La quirúrgica labor de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y a la Unidad de Intervención Policial, se debe sumar ahora a las responsabilidades penales que determinará la Guardia Civil, encargada de la tramitación del atestado por los disturbios, y respaldará, en su caso, el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial correspondiente”.
Debate sobre el CETI
Del mismo modo, reclaman desde la Confederación, “dado que este episodio no ha sido el primero”, que se abra un debate sobre la filosofía y funcionamiento del CETI. En este sentido, recuerdan que el hasta hace poco delegado del Gobierno en Melilla, Gregorio Escobar, “ponía el foco en alguno de los problemas que genera este recurso asistencial del Estado, así como el medio centenar de chabolas instaladas en sus inmediaciones”.
Por último, para la Confederación Española de Policía, es necesario buscar una alternativa el CETI, pues si bien consideran que que su creación hace unos años “fue una buena idea, se ha terminado convirtiendo en un problema, desde el punto de vista del orden público, porque no se manejaron, en su construcción, por imprevisibles, las proyecciones futuras de la magnitud migratoria actual”.
El centro sufre “sobreocupación”, según el Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo incluye una descripción de la situación del CETI en Melilla en su Informe Anual del año 2010 a las Cortes Generales.
En este documento señala que estas dependencias sufren “sobreocupación”, una situación que “no puede ser calificaca de puntual, por lo que continúa la preocupación ante la situación de hacinamiento de los residentes en las distintas dependencias habilitadas como dormitorios. Sin embargo, el alto grado de ocupación y la necesidad de habilitar todas las dependencias posibles para alojar a los residentes, no debe provocar que se dejen de prestar servicios de guardería, educativos y formativos, que ese centro había puesto en marcha, y que habían obtenido un grado de aceptación y unos resultados muy positivos. Se ha de lamentar que aún no se disponga de un programa continuado de prevención, detección y tratamiento de víctimas de trata de seres humanos, insistiendo en la necesidad de formación, tanto del personal como de los propios residentes”.
