El 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un día de gran relevancia para la Confederación Intersindical, puesto que la Seguridad y la Salud de las personas trabajadoras es un eje transversal y una pieza clave de nuestra organización. Este año queremos poner un énfasis especial en la necesidad de tener un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo 2023-2027, recientemente aprobada, así lo manifiesta; según este documento, hay que aspirar a conseguir entornos de trabajo seguros y saludables, que contribuyan de manera positiva en la salud de las personas trabajadoras y en el progreso de las empresas y de la sociedad.
Las personas buscamos en el trabajo la satisfacción de nuestras necesidades económicas para poder disfrutar de una vida digna y llena. Además de esto, con el trabajo también desarrollamos nuestras capacidades y las integramos con las del resto de personas de la sociedad para la construcción del bien común. Ya en 2019, la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, unió estas dos ideas. Se hizo un reconocimiento al enfoque del trabajo centrado en las personas y, sobre todo, se incidió en el valor del diálogo social y de la cooperación de todas las partes responsables de la Seguridad y la Salud Laboral. Por lo tanto, LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, así como LA CREACIÓN DE UN ENTORNO DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE, son cuestiones de RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Para su desarrollo se necesita el compromiso del empresariado y de la administración de garantizar y proteger la salud de las personas trabajadoras de manera integral. Pero también el de las personas trabajadoras que intervienen en la toma de decisiones que afectan sus condiciones laborales y el entorno de trabajo. Es cierto que hay que llevar a cabo muchas acciones para conseguir este objetivo. Pero uno de los principios básicos que no podemos obviar de ninguna forma es el respeto y la defensa de los derechos humanos fundamentales, entre ellos la libertad sindical, la negociación colectiva, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación de cualquier clase al trabajo.
Cualquier plan estratégico que ponga en marcha una empresa se tiene que sustentar sobre este principio básico. Y, a partir de él, hay que integrar iniciativas, basadas en sistemas de participación para mejorar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, desde un entorno facilitador con una cultura organizacional y un clima psicosocial que ponga a las personas trabajadoras como eje transversal.
El presente es complejo dada la diversidad de factores de carácter económico, social y medioambiental que vivimos. Un contexto complicado del cual, como bien sabemos, los de siempre se aprovechan para enriquecerse todavía más y, bajo el paraguas de la transición ecológica -obviando la palabra «justa»- actúan en detrimento de la clase trabajadora, en lugar de buscar soluciones que prioricen la salud de las personas y del entorno de trabajo. Además, no tenemos que olvidar que la pandemia de la Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la salud laboral. De hecho, todavía arrastramos la fatiga postpandémica.
Necesitamos también actuaciones decididas para mejorar la protección de las personas frente a las condiciones climatológicas extremas y, a la vez, desarrollar medidas que mitigan al cambio climático. Hay que frenar las amenazas y las agresiones que dañan nuestro entorno y nuestra salud.
Todo esto sin dejar de lado acciones integrales que promuevan la alimentación saludable y los productos de proximidad, la actividad física y la prevención de las adicciones, frente a prácticas inadecuadas que generan estrés.
Al mismo tiempo, hay que trabajar para que el crecimiento de las empresas vaya ligado al crecimiento de los puestos de trabajo saludables, que se promueva la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y también por la creación de un plan integral de buenas prácticas que favorezca la implementación de acciones que impactan positivamente sobre las condiciones de vida de las personas trabajadoras.
Hay que destacar, entre otros:
La necesidad de adaptar las tareas y los métodos de trabajo a las condiciones de salud de las personas grandes y las especialmente vulnerables.
La creación de programas de preparación a la jubilación, que hagan especial énfasis en el bienestar emocional.
La creación de programas de bienestar de la mujer que promuevan la concienciación sobre las enfermedades propias, junto con un programa específico de vigilancia de la salud.
La potenciación de intercambios culturales entre las diferentes generaciones.
La distribución de horarios flexibles con periodos de descanso adecuados.
En definitiva, asegurar la igualdad de oportunidades y la atención adaptada a cada persona para conseguir una organización saludable, que se refleje también en las políticas de selección y contratación.
Tenemos un largo camino para recorrer y, desgraciadamente sabemos, que en el ámbito de la seguridad y la salud laboral, la mayor parte de los cambios normativos han sido precedidos por una desgracia.
En el Estado español, el desastre de Torrejón en que un centenar de obreros murieron hace 58 años en los trabajos de uno de los embalses que el régimen franquista construyó. No hubo culpables ni reparación del daño a las mujeres ni a las hijas e hijos de las víctimas.
En el País Valenciano, el síndrome Ardystil que en 1992 causó la muerte a 6 trabajadoras y provocó un cuadro respiratorio grave a 72 más, todas ellas mujeres y jóvenes, en la comarca de l’Alcoià.
En el mundo, la tragedia de Hillsborough (Reino Unido) ocurrida el 15 de abril de 1989 en el cual murieron 97 personas chafadas a consecuencia de una avalancha en un partido de fútbol.
En Melilla, en el sector de la educación pública, todo por hacer en materia de prevención de riesgos laborales. Sin presupuesto para las labores de prevención y salud laboral por parte de los servicios de prevención de la Dirección Provincial de la que dependen 6 institutos de secundaria, 13 colegios de infantil y primaria, 1 centro de formación profesional, 1 centro de educación especial, 1 conservatorio profesional, 1 escuela oficial de idiomas, 1 escuela de arte, la propia Dirección Provincial. Casi 1.500 docentes en decenas de infraestructuras…
Hoy llevamos vuestra voz. La voz de todas y cada una de las personas del mundo, del Estado español y de los diferentes territorios, víctimas de accidentes laborales. Y también la de aquellas personas que han contraído enfermedades como consecuencia del desarrollo de sus funciones al trabajo. Porque han perdido el más valioso que tenemos: la salud y la vida. Concretamente, en 2022 murieron 826 personas. Este año, solo en enero, perdieron la vida 63 personas, cifra que supone un incremento del 23% respecto al año anterior durante el mismo periodo.
También queremos llevar la voz de todas las personas que han perdido la vida en la pandemia más grande y silenciosa del Estado español: el suicidio. De acuerdo con los datos de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, en 2020, 3.941 personas decidieron acabar con su vida. Una gran parte de estas muertes están relacionadas con las condiciones de trabajo que sufrían: el síndrome de burnout, el mobbing o la ansiedad y la fatiga generada por el exceso y la prolongación de la jornada de trabajo.
Por todos vosotros que sois las semillas que, desgraciadamente, nutrís nuestra lucha.
¡La salud no se toca!
