El reportaje de la BBC sobre lo ocurrido en la frontera de Melilla con Marruecos durante el salto a la valla del 24 de junio, que se saldó con al menos 23 migrantes muertos, ha vuelto a cuestionar la investigación de lo ocurrido ese viernes negro en Barrio Chino.
El Ministerio del Interior ha investigado los hechos y de esa investigación intuimos que las conclusiones están recogidas en lo que dijo Fernando Grande Marlaska en el Congreso de los Diputados: básicamente que aquí no pasó nada porque se actuó de forma proporcionada ante un ataque violento.
Los fallecimientos en el salto a la valla del 24J también los está investigando la Fiscalía General del Estado, pero no se sabe en qué punto están esas pesquisas. Sólo conocemos las dudas planteadas por el Defensor del Pueblo en torno a la legalidad de los rechazos en frontera que se llevaron a cabo ese día. Según Ángel Gabilondo, se hicieron 470 devoluciones sin garantías o lo que es lo mismo: 470 devoluciones en caliente.
Pero Interior lo niega y ahí se había quedado el tema hasta que la BBC ha sacado este 1 de noviembre, coincidiendo con el puente del Día de Todos los Santos, un reportaje en el que se ve a agentes marroquíes actuando en territorio español. A eso debe referirse Marruecos cuando niega la existencia de fronteras terrestres con Melilla. Si no hay límites, lo normal es entrar y salir sin dar explicaciones. En todo caso no es Marruecos quien debe explicar su colaboración sino España.
Rabat se ha sacudido los muertos tan pronto como ha podido. En su carta enviada a la ONU el 9 de septiembre, para dar explicaciones de lo ocurrido el 24J en el paso de Barrio Chino, el Gobierno marroquí dice claramente que no es responsable de la devolución colectiva de migrantes ni de las gestiones a realizar para que puedan solicitar protección internacional.
"Marruecos no asume ninguna responsabilidad" y lo dicen ellos mismos, aclarando que los únicos responsables de la devolución en caliente de migrantes a su territorio es España. Ellos, aclaran por escrito, "sólo están sufriendo las consecuencias de un fenómeno cuya gestión de la seguridad por sí sola ya ha mostrado sus límites".
Y en eso tienen razón. Las devoluciones en caliente deben ser abolidas y está demostrado que la figura jurídica del rechazo en frontera, difícil de aplicar con garantías en pocos minutos, no ha resuelto el problema. Eso significa que hay que ser valientes y legislar cómo debe actuarse en la valla; qué procedimientos seguir; qué debe hacerse cuando se producen ataques violentos a nuestra frontera y qué sanciones deben establecerse para quienes atacan por una parte la seguridad nacional y por otra, a quienes violan, en nombre de esa seguridad, los principios de no devolución, respeto a la vida, derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al asilo.
Los guardias civiles no pueden ser los últimos responsables de un problema que llevamos años sin resolver y sin contemplar en nuestro ordenamiento jurídico.
