La reforma reduce las condenas para el tipo básico de delito contra la salud pública. Más de 400 presos, la mayoría condenados por delitos contra la salud pública, quedaron en libertad en las primeras horas de aplicación del nuevo Código Penal, que entró en vigor esta semana, aunque en Melilla no se produjo ninguna excarcelación.
En concreto, según confirmaron a Efe fuentes de Instituciones Penitenciarias se recibieron 408 mandamientos de libertad dictados por los tribunales tras examinar una a una las condenas y considerarlas ya cumplidas al aplicar la legislación más favorable al reo que recoge el nuevo Código Penal. La reforma ha beneficiado hasta ahora a estos 408 presos que han obtenido la libertad y reduce las condenas para el tipo básico del delito de tráfico de drogas, que antes era castigado con penas de 3 a 9 años, y ahora se rebaja el máximo hasta los 6 años.
También se reduce la condena para los tipos agravados del tráfico de estupefacientes, antes castigados con entre 9 y 13 años de cárcel y a partir de ahora de 6 a 9, lo que afecta sobre todo a los conocidos como "mulas" que introducen droga en España en el interior de su cuerpo.
De las 408 excarcelaciones, 61 tuvieron lugar en Andalucía, 34 en Aragón, una en Asturias, 14 en Baleares, 37 en Canarias, tres en Cantabria, nueve en Castilla-La Mancha, 49 en Castilla y León, una en Ceuta, 40 en Galicia, una en La Rioja, 107 en Madrid, seis en Murcia, una en Navarra, seis en el País Vasco y 39 en la Comunidad Valenciana.
Los datos no incluyen los de Cataluña, que tiene competencias penitenciarias. Madrid fue hasta ahora la Comunidad con el más alto número de excarcelaciones, aunque, de los 107 presos que quedan en libertad, 64 ya estaban en un Centro de Inserción Social (CIS) en régimen abierto, situación en la que también se encontraban otros siete de los presos que quedaron en libertad en Baleares. La revisión de las condenas no se ha realizado de manera automática, sino que, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, ha sido supervisada por los jueces y fiscales correspondientes.
El nuevo Código Penal recoge las demandas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que consideraron desproporcionadas las penas por delitos contra la salud pública en casos de muchos inmigrantes que se ven forzados por la necesidad a introducir en España una pequeña cantidad de droga.
