El presidente del Gobierno de todos los españoles, Pedro Sánchez, se ha comprometido a trabajar para dar una solución a la problemática generada por la elevada presencia de mena en la ciudad hermana de Ceuta. La línea que seguirá el Estado no se ha movido de la ejecutada el 13 de agosto por la el gobierno caballa: serán retornados a su país. Si bien se tendrá que hacer de otra manera, atendiendo a los dictámenes judiciales y no en aplicación de acuerdos que, después, como se ha visto, chocan con el visto bueno de la judicatura. Quizá si este operativo no se hubiera hecho con tanto secretismo y desde el principio se hubiera contado con la Justicia de una forma más abierta, nada de esta situación se hubiera producido.
Pero hablar sobre lo que ya ha pasado carece de sentido, además de que no supone avance alguno. Lo que se debe hacer es buscar una línea común de actuación para solucionar la situación excepcional, esta cuestión de Estado, que supone tener a cientos de niños en ciudades como Melilla o Ceuta, carentes de recursos y de medios. En eso todos estamos de acuerdo: clase política, oenegés y grueso judicial. Ni la Ciudades Autónomas tiene los medios ni se puede tener mes tras mes a cientos de menores viviendo en centros de acogida o de exponerlos a dormir en las calles con los riesgos que esto supone.
Las medidas, el apoyo, la implicación del Gobierno de la Nación no tienen que ser para dentro de unas semanas o proyectadas a meses...
Por el mero hecho de estar ubicadas en la frontera sur y expuestsa a la llegada de inmigrantes, adultos y menores, Melilla y Ceuta no tienen por qué cargar con una situación anómala, extraña, que absorbe tal cantidad de trabajo que debe tener un parón, que debe tener un punto y final.
Las dos ciudades y los menores que acogen necesitan una solución urgente y duradera y el Gobierno de España debe responder.
