C IUDADANOS sorprendió el pasado viernes anunciando la expulsión de Eduardo de Castro, coordinador de la formación naranja en la ciudad y presidente del Gobierno local.
Según el partido de Inés Arrimadas, De Castro habría incumplido sus estatutos al no comunicar a la dirección que se encontraba envuelto en una serie de procesos judiciales motivo por el cual decide sancionar al dirigente melillense.
Llama poderosamente la atención que la resolución llegue en este momento, cuando el proceso judicial que Cs considera motivo de expulsión data de finales del año pasado. Tampoco encaja con el argumento de los de Arrimadas que De Castro no informara al respecto a su partido, ya que no es la primera vez que el presidente de Melilla acude a los juzgados sin informar personalmente a su partido y en esas ocasiones no fue apercibido. De Castro, y el resto del Gobierno local, se ha visto asediado desde su llegada al poder por un goteo constante de querellas y denuncias interpuestas por el PP y Vox, hasta el momento todas han sido sobreseídas, y hasta la fecha, desde Madrid no habían ni levantado una ceja. Además, los casos que están en sede judicial son de dominio público, no son ningún un secreto ocultado por De Castro.
Lo que sí es un hecho es que la decisión de De Castro de no pactar con el PP para mantener a Juan José Imbroda en la presidencia de la CAM, como le habían indicado desde Alcalá, generó malestar en la cúpula, hasta el punto de que las comunicaciones entre el responsable del partido en Melilla y sus superiores en Madrid han sido prácticamente inexistentes desde entonces. Tampoco fue positivo, a ojos de la actual dirección del partido, que tras la salida de Albert Rivera, De Castro mostrara su simpatía porque fuera Francisco Igea quien asumiera las riendas de la formación naranja en detrimento de Inés Arrimadas.
Todo esto ha hecho que el líder de Cs en Melilla se convirtiera en alguien incómodo para la directiva de Ciudadanos, un verso suelto que no respondía a las órdenes dictadas desde Madrid, donde se desconoce la realidad de nuestra ciudad.
Ahora, habrá que ver si el recurso que De Castro presente para defender su derecho a la presunción de inocencia tiene efecto, aunque tras escuchar a Edmundo Bal, portavoz adjunto de la formación en el Congreso y candidato a la Comunidad de Madrid, pareciera que ya se ha juzgado y sentenciado a dirigente local.
Además, si finalmente De Castro es expulsado de Ciudadanos y mantiene su acta de diputado local habrá que ver como afecta esto al tripartito que Gobierna la ciudad. Porque lo cierto es que el paso dado por Ciudadanos genera incertidumbre en la Ciudad Autónoma, algo a lo que los de Inés Arrimadas parece que se han abonado tras los terremotos políticos que han provocado en Madrid y Murcia.
