España tiene este jueves la mirada puesta en Estrasburgo (Francia), donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) marcará esta tarde un antes y un después en la política migratoria con un fallo histórico sobre las devoluciones en caliente.
Los 17 magistrados que componen la Gran Sala celebran una vista pública en la que deliberarán si confirman la condena que ya impuso a España en octubre de 2017 por haber expulsado desde Melilla a Marruecos a N.D, de Mali, y a N.T., de Costa de Marfil, contraviniendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El TEDH consideró entonces que fue "una expulsión de carácter colectivo", puesto que ambos fueron devueltos sin haber tenido previamente acceso a un procedimiento con todas las garantías y se les privó de la posibilidad de interponer un recurso.
Según exponía en su relato, tras unos meses acampados en el Monte Gurugú, N.D y N.T saltaron la valla con un grupo de subsaharianos el 13 de agosto de 2013, pero, nada más poner los pies en el suelo, fueron detenidos por la Guardia Civil y llevados a la comisaría de Nador y posteriormente a Fez.
Lo volvieron a intentar en octubre y en diciembre de 2014. N.D. fue reenviado a Mali el 31 de marzo de 2015. La situación actual de N.T. es "desconocida". Por estos hechos, España fue condenada a indemnizar a cada uno con 5.000 euros por daños morales.
El entonces Ejecutivo del PP interpuso un recurso contra la sentencia, que luego el Gobierno socialista mantuvo y defendió en una vista celebrada en septiembre de 2018 en la que el abogado del Estado Rafael León aseguró que "la no admisión de extranjeros no significa expulsión".
Mientras, los abogados de los demandantes, el alemán Carsten Gericke y el español Gonzalo Boye, criticaron que España intentase "justificar su comportamiento ilegal por la presión migratoria".
En el Gobierno esperan el veredicto final de la Gran Sala para poder "disponer de una respuesta armonizada a nivel europeo" porque, sostienen desde el Ministerio del Interior, el control de los flujos migratorios es una cuestión que atañe a toda Europa, pues la frontera sur no deja de ser frontera de la UE, y necesita por ello de "soluciones consensuadas".
También el Tribunal Constitucional mira al TEDH para pronunciarse sobre el recurso que el PSOE y otros grupos interpusieron contra la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que regulaba las devoluciones en caliente a través de una disposición adicional.
Mañana por fin llegará el veredicto final; desde Amnistía Internacional, que participa en este procedimiento, confían en que la Gran Sala ratifique la condena y que ello "conlleve una reparación a estas personas que fueron expulsadas", ha asegurado a Efe Verónica Barroso, portavoz de Política Interior de la organización.
"Ya se dejó claro que la frontera no es una frontera móvil, sino que en el momento en el que actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad en ese territorio ya se considera que es jurisdicción española", subraya Barroso, que mantiene "la esperanza de que la Gran Sala dicte una sentencia muy clara sobre las violaciones que sufren las personas víctimas de este tipo de expulsiones".
Sea cual sea el resultado de la deliberación, "sienta jurisprudencia y marca un antes y un después" en la política migratoria española y europea, añade, aunque precisa que habrá que esperar a ver los argumentos de los magistrados para ver los aspectos que "se pueden extrapolar a otros casos que no se hayan producido en esa frontera".
