Lo prometido es deuda

LA primera medida adoptada por el Gobierno de Eduardo de Castro es encargar una auditoría de los últimos diez años del Ejecutivo de Juan José Imbroda. La medida no ha gustado a los populares, que la consideran un despilfarro de dinero público porque esa labor fiscalizadora la hace anualmente el Tribunal de Cuentas.

En esto en Melilla se sigue el ejemplo de Andalucía. El popular Juanma Moreno, lo primero que hizo al llegar a la presidencia de la Junta fue encargar una auditoría que pretendía sacar a la luz toda las irregularidades del Ejecutivo de Susana Díaz con el ánimo de seguir ahondando la brecha entre el PSOE andaluz y su electorado.

Los resultados tuvieron conclusiones sabrosas para la prensa, pero se quedaron lejos de demostrar que allí habían montado un chiringuito al margen de la ley.

Se destaparon, por ejemplo, duplicidades, gastos superfluos y 9.000 empleos públicos poco cualificados (sólo un tercio de los contratados en la Administración andaluza tiene titulación superior) a los que no se les puede despedir porque es inconstitucional. También que en 12 empresas públicas había 83 cargos de dirección, según recogió eldiario.es.

Sí se destapó un agujero negro de 2.900 millones de deuda en Educación y Sanidad, pero no encontraron ni rastro de pelotazo.

Aún así, la auditoría cumplió su objetivo. Al Gobierno le sirvió para demostrar el enchufismo visceral de un PSOE que llevaba demasiados años en el poder y la mala gestión de la deuda pública. A los socialistas les valió para explicar que el escándalo de corrupción de los ERE es un caso aislado.

En Andalucía, como en Melilla, las cuentas son analizadas anualmente por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, estas irregularidades afloradas tras la auditoría del tripartito PP-Cs-Vox no habían salido a la luz.

La auditoría del nuevo Gobierno de Melilla ha gustado en la redes sociales. Hay mucha gente que está deseando que salgan sapos y culebras de las cuentas del Ejecutivo de Imbroda. No meto la mano en el fuego, pero teniendo en cuenta que desde hace unos años todas las facturas se presentan de manera electrónica es difícil que salga rana. Pero todo se andará.

En Murcia, por ejemplo, acaban de detener esta semana a un exconcejal de Descentralización (PP) porque adjudicó 9 millones de euros en obras menores a un reducido grupo de empresarios que coparon las contrataciones públicas entre 2009 y 2013. La justicia es lenta, pero aplastante.

Yo no veo ni bien ni mal que se haga una auditoría en Melilla. Me parece normal y necesario. Tampoco creo que sea un despilfarro de dinero público. Todo lo contrario. Creo que el dinero que se destina a control de las administraciones siempre está bien empleado.

Desde el PP han pasado de denunciar la ilegitimidad del nuevo presidente de Melilla a animarle a que empiece a trabajar ya. Es un paso de avance. Ahora sólo falta que respeten los tres meses de gracia que se dan a todos los gobiernos. Si en septiembre estamos como estábamos en junio, pues a palo limpio con De Castro, Aberchán y Gloria Rojas. Pero hasta entonces, por lealtad institucional, habría que respetar los tiempos.

Sí concuerdo con los populares en que la gestión del nuevo gobierno está siendo lenta. Es como si le estuviera constando arrancar pese a que sabe que la gente está deseando que se muevan. Los de a pie tenemos la sensación de que vivimos en un ‘impasse’.

Todos sabemos que la democracia no llegó a Irak después de que tirarán la estatua de Sadam Hussein. No queremos milagros, pero los melillenses necesitamos que superen el shock de haber desalojado a Imbroda de la Presidencia. Ahora hay que trabajar para demostrarle a la ciudadanía que saben gestionar un presupuesto monumental. Prometieron cambios y los estamos esperando.