LOS padres asistimos una vez más y con preocupación al debate en torno a la escolarización de niños en Melilla para el próximo curso escolar.
Si nuestras aulas no estuvieran como las playas en Benidorm en pleno agosto, seguramente la polémica se habría desinflado en 24 horas. Pero aquí hay una alta tasa de natalidad, faltan colegios, profesores y personal no docente. Lo de repartir solidaridad nos gusta a casi todos, pero la realidad dice que de donde no hay, no se saca.
En 2018 la Dirección Provincial de Educación pedía a la hora de matricular a los niños en los colegios documentación acreditativa del domicilio, DNI o tarjeta de residencia y un certificado de empadronamiento coincidente con el domicilio habitual del menor. A esto hay que añadir todo lo que habitualmente se pide para llevar a cabo la baremación: acreditar movilidad forzosa, violencia de género, familia numerosa, discapacidad, antiguo alumno, etcétera.
Este año las exigencias de acreditación del cumplimiento de los requisitos de escolarización se limitaron (al menos en un primer momento) a la presentación del DNI, Libro de Familia, tarjeta de residencia o pasaporte.
Y justo esto último es lo que ha destapado la olla de los truenos. Primero porque la Resolución ministerial de 14 de febrero de 2019, que regula la admisión de alumnos en la enseñanza obligatoria en Melilla y Ceuta es meridianamente clara en cuanto a la documentación a presentar en los colegios para matricular a un alumno o alumna: dice exactamente lo mismo que la del año pasado: hace falta DNI, tarjeta de residencia o certificado de empadronamiento coincidente con el domicilio habitual.
Por tanto, no es cierto que esta regulación ministerial ampare la escolarización de un niño en Melilla con la presentación de un pasaporte y seis recibos de la luz.
Esto ha causado revuelo porque no se trata sólo de un arma en manos de los partidos políticos en plena campaña electoral, sino porque afecta también a padres y madres de alumnos y a los docentes.
Ante la solicitud de un sindicato de enseñanza local, desde la Dirección Provincial de Educación aclararon que el pasaporte lo piden a efectos de saber la edad oficial del niño para asignarle un determinado nivel de enseñanza.
En esto la normativa española es clara. La Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho de la Educación, establece en su artículo primero (3) que los extranjeros residentes en España tienen derecho a la educación obligatoria sin que se le discrimine por su capacidad económica, social o lugar de residencia.
Eso significa que todos los niños en edad escolar tienen derecho a ser matriculados en nuestros centros... si residen en España. En esto la ley no hace distinciones entre los hijos de migrantes en situación regular o irregular.
La medida de la Dirección de Educación beneficiará a los niños apátridas que viven en Melilla, a los que sobreviven en el limbo de La Cañada... pero no nos engañemos: también es un efecto llamada para los menores de las zonas de Marruecos limítrofes con Melilla.
Todos sabemos que a diario salen por Barrio Chino tras terminar la jornada escolar en nuestra ciudad, decenas de niños con DNI español, hijos de marroquíes, que estudian en nuestra ciudad, pero viven en Marruecos. Sumemósle los que han visto ahora una ranura por la que conseguir entrar en una escuela española.
Si cualquiera de nosotros fuera marroquí hacía lo que tuviera que hacer por conseguir esos seis recibos de la luz necesarios para poder darle una educación digna a sus hijos en España.
El problema es que nuestros colegios no dan más de sí. Hasta en los centros concertados de religión católica los niños están como piojos en costura. ¿Dónde los vamos a meter a todos?
Nos ha llegado la noticia de que desde la Dirección Provincial de Educación están recorriendo los colegios en busca de locales que se puedan habilitar como aulas para el próximo curso escolar.
He pasado medio año estudiando inglés en un aula improvisada en la biblioteca del Leopoldo Queipo, cuando aún no se había inaugurado la sede de la Escuela de Idiomas, y sé de sobra que no es productivo ni para mí ni para nadie. Pero me pregunto: en cuanto se habiliten más aulas, ¿de dónde saldrán los profesores?
Me preocupa que en pleno siglo XXI siga siendo un reto conseguir que los niños de Melilla sepan hablar y escribir en español al finalizar el segundo grado. ¿Por qué no se cumple a rajatabla? Si no lo conseguimos los vamos a seguir condenando al fracaso educativo.
Muchos hemos escuchado y supongo que la Policía también que en Melilla hay gente que vende empadronamientos. ¿Cuánto costarán en el mercado negro por seis recibos de la luz?
Me comentaba un amigo que no coincide conmigo en este tema que con un presupuesto de 270 millones por ser región fronteriza, Melilla no debería desangrarse con polémicas en torno a la escolarización obligatoria de niños.
Entiendo su postura y la respeto, pero con la educación de mi hijo no juego. La Dirección Provincial de Educación debe ceñirse a la Ley que obliga a escolarizar a todos los niños residentes en Melilla, que tengan empadronamiento, DNI o permiso de residencia.
Es así de sencillo. A mí me gustaría que nos sobraran los recursos para ayudar a educar a los niños pobres de Nador y Beni Enzar porque sé que la educación es la vía más segura de salir de la pobreza, pero en Melilla, en temas de enseñanza, no estamos en condiciones de repartir. Nuestros hijos ya juegan con desventaja frente a niños de Madrid o País Vasco.
En septiembre pasado, el PP de Melilla interpuso una querella contra la Dirección Provincial por la escolarización de niños sin empadronar. Según fuentes populares, sigue su trámite.
Desde Vox Melilla han amenazado esta semana también con presentarse como acusación particular contra los responsables de Educación de la ciudad si se permite la matriculación de niños marroquíes en las aulas.
Los propios sindicatos de enseñanza temen que toda esta polémica colapse los colegios en el período de matriculación con el efecto llamada. Y muchos padres tenemos miedo no a que nuestros hijos convivan con la diversidad sino a que siga bajando la calidad de la enseñanza en las aulas de Melilla.
No vamos a permitir que jueguen con el futuro de nuestros hijos. Nuestras escuelas no están en condiciones de hacer este tipo de obras de caridad.
