El consejero de Coordinación y Medio Ambiente convocó ayer una rueda de prensa para “llamar la atención por la grave situación administrativa del contrato del agua para la explotación de la desaladora”. Según Manuel Ángel Quevedo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez “no ha hecho nada” para evitar llegar al escenario actual, por lo que será necesario implementar una “medida absolutamente extraordinaria y con un Gobierno en funciones o tomando posesión”, como consecuencia del adelanto de las elecciones generales, habida cuenta de que el contrato en vigor vence el próximo 6 de junio.
“Ni plan A, ni B ni C; han tenido que pasar al D, que no sé cuál es”, afirmó Quevedo, que manifestó sentirse “totalmente alarmado” por el actual escenario. “No han sido capaces de hacer nada”, incidió el consejero, para quien “esto ya no tiene solución”. Durante su comparecencia ante los medios, Quevedo repasó el cronograma de los hechos y criticó de manera especial la gestión de Sabrina Moh, delegada del Gobierno en Melilla, que calificó como “temeridad absoluta” por no haber ejecutado los trámites necesarios dentro de los plazos que marca la ley ante el fin del contrato.
“No tiene solución”
“Administrativamente, esto no tiene solución”, advirtió el consejero, que instó a Moh a ponerse “a trabajar”, pues es quien “tiene la responsabilidad de que esto salga adelante y que la Dirección General del Agua haga algo en relación a la planta”.
“Esto no es asustar”
Si durante el fin de semana la delegada acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de no haber hecho “nada en siete años”, ayer Quevedo aseveró que, tras la moción de censura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encontró en junio de 2018, cuando llegó al Palacio de la Moncloa, con el proyecto de ampliación de la desaladora redactado, el presupuesto fijado y la correspondiente autorización medioambiental, por lo que “solo” restaba firmar el nuevo convenio con la Ciudad y los pliegos del contrato. Pero “nada” se hizo, según Quevedo, que puso en valor los avisos enviados desde Melilla a Madrid para evitar que se agotaran los plazos legales.
El también portavoz del Gobierno regional negó que desde su Ejecutivo se esté “crispando y alarmando”. Respondió así a las acusaciones de Sabrina Moh, a quien le pidió “no disparar al mensajero”. “Hemos intentado que hiciera su labor como delegada del Gobierno. Esto no es asustar; es advertir de que la cosa va muy mal y tienen que tomar una medida que no está contemplada en ninguna ley”, resumió.
