El pasado 29 de diciembre, en el Boletín Oficial del Estado se publicó el Real Decreto Ley 28/2018 del 28 de diciembre sobre la revalorización de las pensiones. En el texto legislativo se hace referencia a la cuestión de la inclusión en el sistema de la Seguridad Social a todas aquellas personas que realicen prácticas, ya sea por programas de formación, como no laborales o académicas.
Es decir, que tanto los estudiantes universitarios de las titulaciones de grado y máster, como los alumnos de Formación Profesional de los ciclos de grado medio y superior, que son quienes podrían hacer prácticas, remuneradas o no, en empresas externas, según esta nueva normativa, deberán cotizar a la Seguridad Social.
Tras la publicación de este real decreto, se abrió un importante debate en la comunidad universitaria, ya que la normativa no especifica a quién corresponde realmente el pago de esta contribución. Por lo tanto, depende de quién deba hacerlo, habrá unas consecuencias u otras.
Y es que podría suceder que si la universidad asume estos costes, las tasas universitarias podrían elevar su precio, algo que perjudica al estudiante de forma directa; si lo hacen las empresas, el número de plazas para las prácticas externas se podría reducir porque las empresas no podrían asumir tampoco tales costes para tantos alumnos.
Antonio Bravo, director de la UNED en el centro asociado de Melilla, expresó, en declaraciones a este periódico que se deberá “encontrar una solución equilibrada que no perjudique ni al alumno, ni a la universidad ni a las empresas”. Según Bravo, esta cuestión se ha planteado en la comunidad pero aún no se tiene una respuesta al respecto, ya que “esta normativa no es de aplicación hasta que no se sustancie en un reglamento”.
El tema, que ha pillado a casi todos de sorpresa, aún se está estudiando por parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), aunque ya se ha establecido que para el próximo curso 2019/2020 deberá entrar en aplicación.
Además, para el director del centro melillense, deben ser los rectores de las universidades los que decidan qué es lo que se hace o no se hace”. Y declaró que las prácticas son muy necesarias y formativas para el alumnado y que se tendrá que buscar una buena solución. Se mostró muy optimista y expresó que lo más le interesa como director son sus alumnos, de modo que confía en el arbitraje del consejo de rectores.
La UGR, en alerta
En cambio, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada (UGR), en declaraciones a El Faro de Ceuta, alertaron de que es una inversión a la que la universidad no podría hacer frente.
Pese a que entonces se hayan barajando varias opciones, han hecho cálculos desde el campus de Ceuta, y el número de estudiantes de prácticas se eleva a cuatrocientos, si la cuantía de la cotización al sistema de la Seguridad Social es una cuantía de 50 euros al mes. Con lo cual eso supondría para esta universidad tan solo en Ceuta de unos 40.050 euros mensuales. “Una partida inasumible”, declararon desde Granada al periódico ceutí.
Desde esta universidad señalaron que también depende de los Presupuestos Generales del Estado, y que “esta medida debe ir respaldada de un acompañamiento económico”, pero la comunidad universitaria aún tiene tiempo para estudiarlo.
También expusieron, al igual que desde la UNED, que no se oponen a ninguna de las opciones que se presenten y que apoyarán también “todas las medidas que vayan en pro de los estudiantes”.
