La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla ha dictado el sobreseimiento provisional de una de las piezas separadas de la ‘Operación Tosca’. Se trata de la causa que investigaba a una quincena de personas por cometer un presunto delito de prevaricación administrativa al adjudicar una serie de contratos a la empresa de electricidad Himosa. Así lo pudo contrastar El Faro al acceder a varios autos con fecha del 27 de junio del presente año. Al parecer de la titular encargada de la instrucción, “no aparece debidamente acreditada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.
La juez expone en los autos que, tras prorrogar por 18 meses la causa, ni el Ministerio Fiscal ni las partes personadas han propuesto ninguna diligencia de investigación adicional. En esta causa aparecen como querellantes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el sindicato Manos Limpias, el exsecretario general del PSOE local Dionisio Muñoz y la empresa de iluminación Ilumep S.L.
Entre los nombres de las personas investigadas se encuentran algunos conocidos, como el de Miguel Marín, actual presidente de la Autoridad Portuaria; Francisco Javier González, máximo responsable de la Consejería de Fomento; y Esther Donoso, quien ostenta el cargo de consejera de Hacienda.
Recurso de reforma
Ante esta decisión de la titular del juzgado, la Fiscalía de Melilla interpuso un recurso de reforma el pasado día 6. El Faro ha tenido acceso al mismo, en el que se insta a la juez a continuar con la causa puesto que “no se han practicado las diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos”.
Así, pidió que se obtuvieran los expedientes administrativos “de los contratos negociados sin publicidad y adjudicados a Himosa”, relativos al Carnaval 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; así como a Ramadán 2010, 2011, 2012 y 2013. El Ministerio Público también solicita la diligencia de los expedientes de la instalación de baterías y condensadores, así como del alumbrado de la calle Ibáñez Marín y la Carretera de Hidum, además del mantenimiento de los centros de transformación.
De acuerdo con la Fiscalía, estos expedientes tendrían que ser remitidos al interventor general del Estado para que examine su legalidad e indique si concurre o no alguna irregularidad.
La acusación pública también sostuvo en el recurso registrado que, según el informe emitido por la Policía, la mercantil Himosa recibía con carácter previo al concurso el pliego de contratación y era la que determinaba cuáles eran las empresas que participaban.
Según la investigación policial, la empresa señalaba qué oferta debían realizar y, posteriormente, presentaba la suya y terminaba siendo la adjudicataria de los contratos analizados. Así, la Fiscalía apuntó que se infringieron los requisitos de transparencia y publicidad que exige la Ley de Contratos del Sector Público.
Recurso desestimado
Según pudo saber El Faro, la juez ha desestimado el recurso presentado por el Ministerio Público. Así consta en un auto, con fecha del 20 de julio, al que ha tenido acceso este diario. En el mismo se expone que han transcurrido más de tres años desde que dio inicio la instrucción del procedimiento. Asimismo, la titular recuerda que se ha extinguido la prórroga de 18 meses concedida en enero de 2017 sin que la acusación pública hubiera solicitado nuevas diligencias de investigación.
Por ello, en este último auto la juez desestima el recurso que la Fiscalía interpuso contra el sobreseimiento provisional de la causa. No obstante, esta resolución no era firme en el momento de su publicación, por lo que cabía la posibilidad de interponer contra ella un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, para lo que se disponía de cinco días desde la notificación del auto.
Desamparados por la "justicia". Toda la trama municipal quedará en nada poco a poco. Coresponsables de lo que pasa
Se debería haber investigado el porque se consiente por parte de la administración de la ciudad autónoma el que la citada empresa emplee para la ejecución de los servicios denunciados y otros muchos más al personal y maquinaria del contrato de alumbrado público al que están adscritos según pliegos. Beneficio del 100 %.