Un padre y su hijo se enfrentan a una posible condena de dos años de prisión como presuntos autores de un delito de usurpación, además de a una multa de 360 euros por otro supuesto delito leve de daños. Ambos son el hermano y el sobrino del denunciante, quien sostiene que sus familiares le ocuparon su vivienda a la fuerza y le impidieron regresar a ella al poner un cerrojo en la puerta. En este caso, la acusación particular, representada por uno hermano de la víctima y el denunciante, actúa en solitario al solicitar condena para los dos investigados, ya que la Fiscalía pide que se dicte una sentencia absolutoria.
La supuesta usurpación tuvo lugar en septiembre de 2014. Estos hechos fueron enjuiciados el miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla. El primero en declarar fue el sobrino del denunciante. Según apuntó, fue su padre quien le dijo que fuera a vivir a la casa que fue objeto del pleito, en el barrio de Reina Regente. “Yo lo que tenía entendido es que la casa era de mi padre y que mi tío había vivido allí de prestado”, afirmó el encausado.
El hombre contó que la casa originalmente era de su abuela, pero que su padre se la compró. Además, dijo que cuando fue allí a vivir con su pareja, que estaba a punto de dar a luz, la vivienda se encontraba en estado de abandono. “La ocupamos por necesidad”, afirmó. Por otro lado, negó que hubiera forzado la cerradura para acceder al interior. “La puerta estaba rota porque habían entrado a robar dos veces”, manifestó.
Según apuntó, cuando la Policía irrumpió en la casa no le dio tiempo a darle ninguna explicación del motivo por el que se encontraba allí. “Yo les dije que la vivienda era de mi padre, pero los agentes decían que no, que era de mi tío y que había denunciado”, mantuvo.
Su padre, el otro procesado, sostuvo en la vista que él tiene los papeles de la casa y que están a su nombre. Relató que 1997 su madre dejó escrito un testamento por el que le cedía la vivienda, de dos plantas. Sostuvo que él dejaría vivir en la planta de arriba a su hermano a cambio de que pagase las facturas del agua, la luz y el catastro. “Eso no fue una venta, solo un acuerdo al que llegué por hacer un favor a mi hermano”, sostuvo.
El hombre reconoció que fue él quien dijo a su hijo que podía irse a vivir a la casa en cuestión. Aseguró que su hermano vivió en ese piso durante 20 años con su primera mujer, pero él echó a su acompañante y entonces el denunciante abandonó el domicilio..
“Yo soy quien paga el IBI y todos los impuestos de la finca”, manifestó el hombre.
Cerradura forzada
El querellante manifestó que puso una denuncia el 6 de septiembre de 2014, otra el día 11 y la última al día siguiente. “La primera fue porque llegué a mi casa y vi que me habían forzado la cerradora”, contó. Según dijo, en ese momento no sabía que su sobrino le había ocupado la vivienda. “Yo vivía allí, pero no pasaba mucho por la casa porque tenía problemas con mi hermano”, justificó.
Siguió contando que el día 11 volvió a denunciar porque, tras arreglar él la cerradura, vio que la habían vuelto a forzar. “Vi allí a mi sobrino y llamé a la Policía”, dijo. “Me había ocupado la casa y no se quería ir”, mantuvo. El día 12 nuevamente denunció tras comprobar que, presuntamente, su sobrino puso un cerrojo por dentro de la vivienda para que él no pudiera entrar a la misma.
De acuerdo con la versión del denunciante, su madre dejó la casa en herencia de los dos hermanos. “En el testamento me dejó a mí el piso de arriba”, sostuvo el hombre. Aseguró que esa era su casa hasta que se la ocuparon. “Siempre había vivido allí hasta que me echaron”.
Por otro lado, declaró en la vista uno de los agentes de la Policía Nacional que acudieron a la casa al recibir la denuncia. “Al entrar hallamos a uno de los acusados y no nos dio ninguna explicación de por qué estaba allí”, relató. Dijo que a casa no tenía apariencia de abandono, aunque las cosas estaban revuelta.
Una vecino acudió al juicio como testigo propuesto por la defensa para decir que la vivienda realmente era de la madre, que ya falleció. La mujer apuntó que el denunciante sí solía vivir en el piso de arriba de la casa.
En la vista también declaró otro testigo, amigo y vecino de los procesados, para decir que el denunciante lleva al menos diez años sin aparecer por la vivienda. La madre de este declarante apuntó en la vista que su hijo tenía una minusvalía psíquica, ya que el hombre no supo aclarar si la Policía fue a la casa de los procesados en 2014.
Finalmente, un testigo propuesto por la acusación particular subrayó que la vivienda era de la madre y acreditó que el querellante sí vivía en el primer piso. “Lo que sé es que no podía abrir la puerta y se tuvo que marchar, pero antes estaba viviendo en esa casa”, incidió.
Al finalizar las declaraciones, el letrado de la acusación particular, quien reconoció que este caso era “muy doloroso” para él al tratarse de dos hermanos, “pero tengo que defender la verdad”. La defensa, al igual que la fiscal, solicitó la libre absolución. El caso quedó visto por la juez para dictar una sentencia.
