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‘Voto por correo’
La polémica saltó hace un par de meses cuando la fiscal del caso ‘Voto por correo’ pidió que se retirara el DNI a dos mujeres amazigh por no saber hablar castellano. Una de ellas tenía 71 años mientras que la otra tenía 57. Los críticos a esta petición hacían hincapié en que Melilla es una ciudad especial debido a su situación fronteriza, entre dos lenguas.
Ahora es el Defensor del Pueblo el que se ha pronunciado sobre un caso también relativo al conocimiento de la lengua española. La institución ha publicado una recomendación sobre una queja que ha recibido del Registro Civil de la Ciudad a la hora de tramitar los expedientes de adquisición de la nacionalidad de menores o personas con capacidad modificada judicialmente y que son tutelados.
En este caso en concreto, el Registro Civil exige a los padres o tutores que aporten certificados de lengua española y de conocimientos culturales de nuestro país. Pero para la institución del Defensor del Pueblo, presidida en funciones por Francisco Fernández Marugán, no se debe solicitar esta documentación porque prima siempre el interés del menor o de la persona tutelada.
La institución recalca que la acreditación del conocimiento del castellano no es un requisito exigible a los representantes legales de los menores y considera que este criterio vulnera el principio de interés superior del menor, una premisa que parece que se olvida en demasiadas ocasiones. Los niños son niños por encima de todo.