Según investigadores del ‘Voto por correo’, los empleados del servicio postal acudían a declarar “aterrorizados”
En la mañana de ayer continuaron declarando ante el tribunal de la Audiencia Provincial los agentes de la Guardia Civil que, entre los meses de junio y octubre de 2010, llevaron a cabo la investigación policial del caso ‘Voto por correo’. Según señalaron cuatro instructores de la Benemérita, fue una denuncia de la acusación particular, que en este procedimiento representa al PP, lo que dio inicio a las averiguaciones del Equipo contra el Crimen Organizado, de la Unidad Central Operativa (UCO). En esta denuncia, se adjuntaba una declaración jurada del acusado Nordin Abdel-Lah, en la que implicaba directamente a otros encausados de participar en un presunto entramado orientado a la captación ilícita del voto. Según subrayó uno de los agentes, esta línea de investigación cobraba fuerza conforme avanzaba la toma de declaraciones a los testigos. “Mucha gente nos manifestaba que su voto finalizó en las sedes de CpM y PSOE, al dejar el impreso de la solicitud”, apuntó.
Los instructores aclararon que sus conclusiones están influidas en buena parte por los testimonios de los testigos y por los resultados de cruzar datos de varios listados oficiales. Además, subrayaron que en 2008, cuando CpM y PSOE se presentaron en coalición a las elecciones generales, se produjo un incremento de la votación por correo del 54% respecto a los comicios de 2004, mientras que los votos en mesa sólo habían aumentado en un 8%, tal y como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según pudieron saber a través de las declaraciones, muchas personas no habían recibido el sobre con la documentación electoral, pese a que constaba que sus votos habían sido emitidos. Asimismo, los instructores señalaron que decidieron dejar de tomar declaración cuando ya habían hablado con entre un 20 o un 30% de las personas que votaron por correo desde Melilla.
Aunque en un principio la gente reaccionaba “muy bien” y se mostraba dispuesta a colaborar con los agentes, los guardias civiles apuntaron en el juicio que la intervención de dirigentes de CpM, como Mustafa Aberchán, Dunia Almansouri o Hassan Mohatar, o del PSOE, como Dionisio Muñoz influyeron al infundir temor entre los testigos a través de comparecencias ante los medios, por lo que notaron una involución en la actitud de los testigos, que ya no acudían a declarar o lo hacían con miedo.
Empleados “aterrorizados”
Los agentes de la Guardia Civil subrayaron que es en Correos donde “se rompe la línea legal” en el proceso del voto por correo, ya que, pese a que se solicitaba, muchos no recibieron la documentación electoral. Para comprobar que era en la oficina donde se producía la irregularidad, los investigadores obtuvieron en listado del censo electoral, que aparecía sellado por Correos. “En la oficina recibieron los sobres, pero no los mandaron a sus correspondientes destinatarios”, indicó uno de los testigos que ayer declararon en el juicio. Este agente agregó que se solicitó a Correos la certificación de la entrega de los sobres con la documentación electoral, pero desde la oficina respondieron que no disponían de este listado. A esto, hay que sumar la existencia de un tercer aviso, lo que supone una irregularidad, como informó la central de Correos en Granada a los investigadores. “Nos dijeron que no era reglamentario”, subrayó.
Los instructores coincidieron al manifestar que los empleados de Correos acudieron “aterrorizados” a declarar. “El clima era de miedo absoluto”, indicó uno de los investigadores. Según hizo hincapié, el ex jefe de Correos, Juan José Redondo, que estaba acusado por esta causa cuando falleció, era “muy autoritario” con los trabajadores, lo que hacía que muchos de ellos mostrasen reserva a la hora de testificar ante los agentes.
Por otro lado, los guardias civiles incidieron en que al analizar los cerca de 60 poderes notariales que se emitieron, se dieron cuenta de que cerca de 40 correspondían a la misma doctora, la acusada Zahra Karam, mujer de Mustafa Aberchán. “En todos los certificados ponía lo mismo: Padece de una patología que limita su actividad física”, recordó uno de ellos. Según incidió, el propio Consejo de Médicos informó a los investigadores que, al expedir un certificado, tenía que hacerse un diagnóstico preciso. Además, comprobaron que la encausada no era la médico de cabecera de estas personas.
La vista del caso ‘Voto por correo’ continuará el próximo día 20.
