Las empleadas públicas víctimas de la violencia de género tienen desde ayer, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la garantía del derecho a la movilidad del puesto de trabajo sin perder ninguna de sus prestaciones.
Así lo explica en un comunicado de prensa el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde aclara que el Gobierno “ha tenido en cuenta la necesidad urgente de trasladarse de las mujeres que sufren la violencia en su entorno y facilita, de esta forma, que puedan incorporarse a su trabajo cuanto antes y recuperar la normalidad socio-económica”. La medida está prevista en el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y entró en vigor ayer, tras la firma de la resolución de 25 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. De esta forma, se hace efectiva la protección y el derecho a la asistencia social integral de las víctimas, empleadas de la Administración General del Estado.
