En esta época, en la que todas las instituciones se cuestionan y donde nuestro sistema político está sometido a un continuo debate social, si algún ciudadano está interesado en saber para qué sirve el Defensor del Pueblo puede acudir a la Constitución.
El artículo 54 de nuestra Carta Magna, aprobada por los españoles que tenían derecho a voto en 1978, explica someramente la razón de ser de esta institución: Debe supervisar la actividad de la Administración y dar cuenta de la misma a la Cortes con el fin de evitar que sean pisoteados los derechos que asisten a toda persona por el simple hecho de serlo o por su condición de ciudadano.
Si vamos a los casos prácticos, la efectividad del Defensor del Pueblo, actualmente personificado en la ex ministra Soledad Becerril, es más que cuestionable. Al menos, el efecto de su actividad está muy lejos de ser inmediato. Basta con ver cómo se encontraba el CETI en una anterior viaje a Melilla de Soledad Becerril y cómo lo ha encontrado en su última visita sorpresa del pasado martes. Esas instalaciones, que tienen una capacidad máxima de acogida para 480 personas, se encuentran saturadas desde hace meses. Con variaciones en su número exacto de residentes, la sobreocupación no sólo se mantiene sino que incluso es posible considerar que se ha agravado ya que en la actualidad un tercio de los 1.509 inmigrantes que hoy viven en esas insoportables condiciones son menores. ¿De qué ha servido a estos inmigrantes las visitas de Soledad Becerril?
La defensora del Pueblo también ha tenido ocasión de visitar en este último viaje la oficina de asilo instalada en el puesto fronterizo de Beni Enzar. El gabinete de comunicación de la institución que dirige Becerril envió ayer un nota de prensa en la que recuerda que el Defensor del Pueblo “había solicitado en reiteradas ocasiones la creación de estas oficinas”. Y allí están; Becerril las tiene a su disposición desde hace meses, desde aquel día que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, viajó a Melilla para su inauguración. Sin embargo, esa oficina, que según el gabinete de comunicación del Defensor del Pueblo “mejora el proceso de identificación de las personas que tienen necesidad de protección internacional”, no está a disposición de todos los que realmente pueden necesitarla. En unos casos, para llegar hasta esas instalaciones los inmigrantes deben pagar importantes sumas de dinero con el objetivo de conseguir documentación marroquí o sobornar a los funcionarios del país vecino. Ésa es la forma que usan los ciudadanos sirios, que son quienes han utilizado mayoritariamente la oficina de asilo. Sin embargo, desde su inauguración no se ha visto entrar en esas dependencias a ningún subsahariano, unos inmigrantes que ni pueden conseguir documentación marroquí para usarla de modo fraudulento ni cuyo dinero sirve para ‘comprar’ a los policías del otro lado de la frontera.
Y sin embargo, todo ello no merece el más mínimo reproche en la nota de prensa enviada por el gabinete de comunicación del Defensor del Pueblo.
¿Para qué sirve la institución que dirige Soledad Becerril? Los padres de los 530 niños que viven hacinados en el CETI no necesitan recurrir a la Constitución para ofrecer una respuesta. Tampoco necesitan leer nuestra Carta Magna los inmigrantes que se ven obligados a pagar importantes sumas económicas para poner un pie en la oficina de asilo o quienes ven más difícil llegar hasta esa instalación que superar todos los dispositivos de vigilancia desplegados por la valla fronteriza.
