El servicio de transporte urbano dejará de funcionar a partir del próximo 1 de mayo si se cumple el anuncio hecho público ayer por Iván Septiem, portavoz de la Cooperativa Ómnibus de Autobuses (COA).
La empresa asegura que se encuentra en situación de quiebra técnica y reclama a la Ciudad 1,8 millones de euros que, afirma, le adeuda por distintos conceptos.
Es cierto que los responsables de la COA vienen desde hace tiempo reclamando una solución. No es la primera vez que hablan de las dificultades financieras de la empresa, ni ayer fue la primera ocasión en que plantean sus reivindicaciones al Gobierno local. Sin embargo, nunca hasta ahora los cooperativistas habían tomado la decisión de adoptar una postura tan contundente como la interrupción del servicio. Y el momento elegido para anunciar esta medida de presión tampoco es fruto de la casualidad: Durante las próximas semanas, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, su interlocutor, el Ejecutivo del PP se encuentra en una posición de extrema debilidad. Esta circunstancia obligará a Daniel Conesa, consejero de Economía, a escuchar con mayor atención sus reivindicaciones, pero no es ninguna garantía de que los trabajadores vayan a conseguir sus objetivos, al margen de que éstos sean más o menos justos. Si es cierta la argumentación que hoy realiza Conesa en El Faro, el Gobierno se encuentra atado de pies y manos, al menos temporalmente. El razonamiento del consejero de Economía se resume en que existe un embrollo jurídico en la relación a las condiciones contractuales bajo las que la COA viene prestando tradicionalmente el servicio de transporte urbano en Melilla. Cualquier decisión que se adopte para tratar de soltar esta especie de ‘nudo gordiano’ necesita el visto bueno de los servicios jurídicos de la Ciudad. Y aún cuando éstos emitan su informe, la decisión que se adopte en base a su criterio puede que no satisfaga a la COA o a cualquier otra empresa interesada en prestar el servicio de transporte urbano en Melilla. En consecuencia, sin contar antes con ese informe no es posible adoptar ninguna medida, pero una vez que los servicios jurídicos dictaminen, tampoco se puede dar por resuelto el problema.
Así llegamos a la situación en la que nos encontramos, en la que el principal motivo de desencuentro es el tiempo, un tiempo que la COA no tiene, un tiempo que la Ciudad necesita y un tiempo que no se va a conseguir anunciando medidas de presión que sólo pueden servir para alejar aún más las posiciones.
Por otra parte, interrupción del servicio que presta la COA también puede servir para calcular hasta qué punto es necesario el servicio que presta esta cooperativa. Una medida de presión como la anunciada en Melilla sería una garantía de caos en ciudades de tamaño medio o grande como Madrid o Barcelona. La angustia se habría extendido ya entre sus ciudadanos al estar obligados a buscar alternativas para sus desplazamientos a, por ejemplo, los puestos de trabajo. Sin embargo, aquí en nuestra Melilla, el anuncio de la COA a penas ha tenido impacto social. Desgraciadamente, el transporte público en nuestra ciudad no cuenta con el protagonismo que sí tiene en rutina diaria de otros núcleos de población. Y precisamente ése es el mayor problema de la COA, que poco a poco ha dejado de ser imprescindible para la mayor parte de la población melillense. ¿A quién responsabilizar de esta situación? Probablemente todos seamos un poco culpables, pero de lo que no hay ninguna duda es de que entre todos tenemos que buscar una solución. Eso sí, sin perder más tiempo, pero también sin presiones surgidas de una impaciencia que no conduce a nada.
