El año que acabamos de dejar atrás ha estado marcado por la inmigración ilegal en Melilla. Y nada indica que 2015 no vaya seguir en la misma senda. Incluso cabe la posibilidad de que dentro de 12 meses estemos hablando nuevamente de cifras récord en nuestra ciudad.
Dependerá en gran medida de las decisiones que adopte el Gobierno central. Hasta ahora, la única conocida de carácter legislativo es modificar la Ley de Extranjería a través de una enmienda en la Ley de Seguridad para reforzar la supuesta legalidad de las ‘devoluciones en caliente’ o ‘rechazos en frontera’. Son dos denominaciones para una misma acción que ha generado una gran polémica en el escenario político de nuestro país y de la Unión Europea. Es un debate que, muy probablemente, también llegue al ámbito judicial puesto que la oposición ya ha anunciado que pedirá un pronunciamiento al Tribunal Constitucional sobre el cambio de norma. Incluso la polémica puede llegar al espacio de la Justicia europea ante las dudas de incumplimiento por parte de España de varios tratados internacionales.
En cualquier caso, lo cierto es que la modificación de la Ley de Extranjería no es la solución definitiva al problema de la inmigración ilegal, como tampoco lo fue la instalación de las concertinas ni lo ha sido la colocación de la malla antitrepa ni la construcción de una ‘minivalla’ por parte de Marruecos. Las verdaderas medidas para abordar en profundidad este problema hay que tomarlas a miles de kilómetros, en Bruselas, para que tengan impacto a muchos miles de kilómetros más, en los países de origen.
La Comisión Europea, como publica hoy El Faro, se ha marcado entre sus prioridades para el nuevo año la elaboración de una política común de inmigración. Es uno de los asuntos que abordará en 2015 el ‘equipo de Gobierno’ de Jean-Claude Juncker, el nuevo presidente de la Comisión Europea, un político originario de la rica luxemburgo acostumbrado a las altas finanzas y al que no resultará fácil hacerle bajar a la realidad que se vive en nuestra ciudad.
Mientras en Bruselas empieza o no ese debate, en Melilla el CETI continúa en unos niveles de saturación críticos. Si lo que viene ocurriendo durante meses allí, sucediera en cualquier otra instalación de nuestra ciudad, sus responsables probablemente abrían tenido que dar muchas explicaciones, algunas ante un juez. ¿En qué establecimiento se permite acoger de manera continuada un número de personas que, cuando menos, duplica su capacidad máxima? La vergonzosa situación del CETI es, sin duda, la prueba más evidente del fracaso de las políticas de inmigración en nuestro país y en la Unión Europea. Pero también es la demostración de la ineptitud del anterior Ejecutivo nacional y comunitario a la hora de adoptar medidas a largo plazo ante un problema que no ha hecho más que aumentar en los últimos tiempos.
Ahora que es el momento de los propósitos para el nuevo año, tratar con seriedad la inmigración ilegal debería ser uno de ellos. Sin embargo, su simple planteamiento ya es de por sí difícil en un año electoral. Un subsahariano subido a la valla quizá quite algún voto, pero conseguir que no se suba no es un mérito que esté suficientemente bien valorado por los votantes como para merecer el esfuerzo de nuestro políticos.
