La Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo una más de sus campañas a medio camino entre lo pedagógico y la recaudación de impuestos.
En esta ocasión el objetivo ha sido concienciar a los conductores sobre la conveniencia de utilizar los cinturones de seguridad y los diferentes dispositivos que sujetan a los menores de edad en caso de accidente. En Melilla los agentes de la Policía Local han impuesto 38 sanciones a conductores y acompañantes por viajar en automóvil sin llevar puestos los correspondientes dispositivos de retención. En ninguna circunstancia hay excusa que justifique no cumplir con esta obligación, pero menos aún en el caso de los menores, de cuya seguridad es responsable el adulto que está al volante.
Nunca se sabremos cuántas vidas se ha logrado salvar con esta campaña la Dirección General de Tráfico, como tampoco sabemos por qué la Dirección Provincial de Tráfico no presta tanta atención a los casos denunciados públicamente de vehículos que circulan por nuestra ciudad sin haber superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Hace varias semanas, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) aseguraba en El Faro que muchos automóviles de la Benemérita que circulan a diario por nuestra ciudad lo hacen con la ITV caducada desde hace dos años. Han pasado los días y la Dirección Provincial de Tráfico no ha abierto la boca para explicar por qué no sanciona esta irregularidad o para aclarar por qué no conciencia a quien haya que concienciar para ponerle fin. Para más inri, son precisamente los agentes que en la península tienen que hacer cumplir las normas de circulación quienes las incumplen en este apartado en nuestra ciudad. No se trata de una simple irregularidad administrativa. Según denunciaron los guardias civiles, algunos de estos vehículos no pasarían los pertinentes controles de los inspectores porque su destino debería ser la chatarra. El estado de estos coches patrulla no sólo pone en peligro la vida de sus ocupantes (los guardias civiles o las personas que viajen con ellos) sino que también representa un riesgo para la ciudadanía en general.
La situación de estos vehículos, sobre los que la Dirección Provincial de Tráfico guarda silencio, ha llegado al Congreso de los Diputados. Allí el Gobierno deberá dar explicaciones de por qué continúan circulando por nuestra ciudad en esas condiciones, quién permite que así sea y quién es el responsable de no evitarlo. Algunas de estas respuestas se pueden encontrar en la Dirección Provincial de Tráfico, la misma que estos días ha sancionado con 200 euros a 38 melillenses que no llevaban abrochados los cinturones de seguridad. ¿Cómo se puede pretender que los agentes de la Policía Local conciencien a la ciudadanía sobre la necesidad de respetar las normas de tráfico cuando en ese momento por su lado puede estar pasando un vehículo que no es inmediatamente inmovilizado sólo porque lleva los emblemas de la Guardia Civil?
