En el informe de la Guardia Civil se apunta que la Administración “ha obstaculizado” el proceso
El auto del 18 de agosto sobre el caso de los contratos a abogados externos surge tras una investigación realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla. El caso se remonta a junio de 2011, cuando la Asociación libre de Abogados de Melilla interpuso una denuncia por las supuestas irregularidades cometidas por la Ciudad Autónoma en la contratación de letrados. En el informe de dicha investigación, al que ha tenido acceso El Faro, se especifica, entre otras cuestiones, la documentación que fue requerida a la Administración local para poder realizar las pesquisas necesarias.
En concreto, se indica que desde la Consejería de Administraciones Públicas se entregó a la Autoridad Judicial copia de 156 expedientes de abogados externos contratados entre enero de 2002 y diciembre de 2011, donde se identifica el procedimiento, el adjudicatario y los honorarios abonados. Los documentos llegaron en dos cajas archivadoras de cartón. Además, también se facilitó un bloc de notas con las actas del Consejo de Gobierno de la Ciudad de este mismo periodo.
Sin embargo, durante las investigaciones, los agentes de la Policía Judicial comprobaron que la documentación remitida no se correspondía con los datos solicitados y que las carpetas habían sido confeccionadas por los servicios jurídicos para su remisión al Juzgado, por lo que la Ciudad envió una segunda remesa en la que aseguraban que estaba el expediente completo.
No obstante, en el informe de la Policía Judicial se asegura que la Ciudad “ha obstaculizado” las investigaciones que ellos estaban realizando desde su inicio.
En este sentido, indican que sobre la contratación de un abogado concreto, la Ciudad sólo remitió a la Autoridad Judicial dos procedimientos en los que había intervenido en el periodo que estaba siendo investigado (2002-2011). De acuerdo con esta documentación, el letrado no cobró por uno de sus servicios, y por el otro se le abonó la cantidad de 494,3 euros.
Sin embargo, las investigaciones corroboran, según se indica en el informe, que entre 2004 y 2006, ese abogado fue designado por la Administración para la dirección de unos procedimientos judiciales por un valor minutado de 750.704 euros, aunque finalmente el letrado condonó más de la mitad de dicha cantidad a la Ciudad.
