El acusado agredió a un agente causándole lesiones, pero el policía no declaró en el juicio.
Un ciudadano marroquí, de iniciales A.M., estaba citado ayer en los juzgados por un delito de atentado y una falta de lesiones a raíz de un altercado que protagonizó con la Policía Nacional en la frontera de Beni Enzar. No se presentó al juicio, aunque ello no impidió que se celebrara. Tampoco compareció como testigo el agente que resultó agredido. Únicamente declaró, a través de videoconferencia, el compañero que le auxilió en la frontera y detuvo al acusado, por lo que la Fiscalía solicitó la pena mínima por un delito de resistencia a la autoridad, retirando el resto de los cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de junio en la frontera de Beni Enzar. En el control documental que realiza la Policía Nacional se produjo un tumulto debido a que el agente rechazó la entrada en Melilla de varios ciudadanos procedentes de Marruecos. Uno de ellos, el acusado, “se puso muy nervioso y agresivo”, explicó el policía. Tanto el ciudadano marroquí como otros a los que se le había denegado la entrada en Melilla se negaron a regresar al país vecino, aumentando así la tensión en el puesto fronterizo y el colapso en la cola de entrada.
La agresión
La discusión subió de tono hasta el punto de que el agente policial que declaró en el juicio de ayer tuvo que intervenir y auxiliar a su compañero, que estaba siendo agredido. En su declaración, el policía explicó que el acusado no quería volver a Marruecos como se le había indicado y tiró su pasaporte al suelo. Cuando fue a auxiliar a su compañero y detener al agresor, éste se resistió a la detención. “No dejaba de chillar cosas en árabe que no entendí y dar manotazos, pero yo no sufrí lesiones”, concluyó el testigo.
El segundo testigo era el agente agredido, que sufrió lesiones, por las que la fiscal pedía para el acusado una multa por una falta. Sin embargo, tras contactar por videoconferencia el policía no había acudido a la cita, por lo que el Ministerio Público y la defensa del acusado renunciaron a su declaración. Finalmente, el caso quedó visto para sentencia con la petición de la Fiscalía de la pena mínima, de seis meses de prisión, por un delito de resistencia a la autoridad.
