El diputado socialista Dionisio Muñoz le instó a presentar su dimisión o responsabilizarse de los perjuicios causados a los dos opositores que quedaron descalificados tras la sentencia del TSJA.
La segunda interpelación del PSOE en el Pleno de Control de ayer instaba al Gobierno de la Ciudad a tomar medidas para “defender a la Administración local de los abusos y excesos cometidos por miembros del Ejecutivo”, pero desde el principio se convirtió en un ‘rifi rafe’ entre el diputado socialista Dionisio Muñoz y el consejero de Fomento, Miguel Marín, a causa de la sentencia del TSJA sobre las polémicas oposiciones de la Policía Local de 2011. Marín sostuvo que hizo lo que le solicitaron los presidentes del tribunal del proceso selectivo por escrito, mientras que Muñoz exigió que o bien presentara su dimisión o bien se responsabilizara de los perjuicios que este proceso ha provocado para los dos opositores que fueron descalificados y que ahora la Justicia obliga a la Ciudad a admitirlos en la Policía Local.
El diputado socialista aseguró que el dictamen judicial pone de manifiesto que Marín, como consejero de Administraciones Públicas, “abusó del puesto que tenía” y “se entrometió en un tribunal de oposiciones”. Muñoz leyó fragmentos de la sentencia judicial en los que el TSJA considera que el consejero no actuó de manera “congruente” al contratar a un psicólogo externo para que realizara nuevas pruebas psicotécnicas, que variaron la calificación de los opositores dejando fuera del proceso selectivo a dos de ellos.
Perjuicios y daños morales
“¿Qué hubiera pasado si hubiera sido algún hijo suyo, de Imbroda o de Conesa?”, se preguntó el diputado socialista y criticó que Marín no se haga responsable de sus acciones que costaron por una parte 14.000 euros para el psicólogo que hizo la segunda evaluación y por otra los más de 20.000 euros que han costado los servicios jurídicos de un gabinete externo a la Ciudad para llevar esta causa judicial. Además, Muñoz preguntó quién pagará la indemnización que les pueda corresponder por daños morales y que él estimó en unos 300.000 euros. “¿Quién paga los platos rotos? ¿Los melillenses o Marín tiene alguna responsabilidad en esto?”, se preguntó.
Por su parte, el consejero de Fomento sostuvo en todo momento que los presidentes del tribunal le remitieron sendos escritos en los que se solicitaba una nueva prueba psicotécnica. “Hice lo que me indicaron. ¿Qué quería que hiciera? No tuve alternativa que contratar a un psicólogo para hacer las pruebas”, insistió Marín.
Además, acusó al socialista de contar “medias verdades” y “distorsionar la realidad”, pues Muñoz no se refirió a otros fragmentos de la sentencia en las que el TSJA, por ejemplo, no condena a costas a la Ciudad Autónoma porque en su actuación no considera que hubiera “temeridad o mala fe”. Por último, acusó a Muñoz de utilizar este caso como “paradigma de la mala gestión” cuando, según señaló, “casi el 100% de las resoluciones de recursos presentados a la Administración han sido favorables a la Ciudad”.
