A veces los políticos se enzarzan en polémicas estériles que sólo les interesan a ellos mismos. La ciudadanía mira de reojo los debates banales con el único deseo de que se callen. Pero la matriculación extraordinaria en las escuelas, de niños cuyos padres no han podido presentar un certificado de empadronamiento en Melilla porque están en situación irregular en la ciudad, tiene a la gente alarmada. En la calle no se habla de otra cosa.
Todos tienen una pizca de razón pero la realidad es que la ratio en España está marcada por ley: 25 niños en Infantil y Primaria, 30 en secundaria y 35 en Bachillerato.
Sin embargo, en Melilla esos números son sobrepasados año tras año. En un aula de Infantil donde hay 30 niños matriculados, anunciar la llegada de uno o dos más escandaliza a los padres y debería sonrojar a los políticos que durante años no han inaugurado un colegio en esta ciudad.
El PSOE ha hecho lo que su electorado esperaba que hiciera: matricular a niños que viven en Melilla pero no tienen el certificado de empadronamiento que se exige en toda España. Los socialistas han cedido bien porque esos menores son hijos de padres sin papeles afincados aquí o bien porque el Gobierno, como dice Aberchán, no ha querido legalizar las casas sin licencia, levantadas desde hace años en los Distritos IV y V.
Quienes votan a los socialistas no se llevan las manos a la cabeza porque los transfronterizos, que pagan su Seguridad Social como tú y como yo, puedan conseguir que su familia tenga acceso a los servicios básicos de Educación y Sanidad universales en Melilla, la ciudad donde cotizan.
Ahora bien, el PSOE no tiene ni ha tenido mayoría absoluta. Quiere decir que esas decisiones no son compartidas por un número nada despreciable de melillenses, que están indignados no con el hecho de que niños sin escolarizar tengan la misma oportunidad que los nuestros en la escuela pública.
Enfocarlo por ahí es tomarnos el pelo a todos. El enfado monumental de los padres viene porque queremos una escuela pública como en el resto de España. Nuestros hijos necesitan estar formados para disputarse en el futuro un puesto de trabajo, no en Nador sino con los españoles de Euskadi o Madrid, donde la enseñanza pública le da tres meneos a la nuestra.
Este año aceptamos a 160 niños y el que viene a todos los hijos de los trabajadores transfronterizos. Por mí no hay problemas siempre y cuando Educación amplíe la partida para asumir ese gasto, para construir más escuelas y poner más maestros y, como sugiere Aberchán, que se den clases por la tarde para bajar la ratio.
Pero el problema es que no hay dinero. Las escuelas y los maestros son los que son y nuestros hijos están hacinados en aulas donde la calidad está contra las cuerdas.
Uno más sí importa porque estamos hablando de que en Infantil ya hay aulas con cinco alumnos por encima de la ratio permitida en este país. ¿Por qué en Andalucía hay aulas con ocho alumnos y en Melilla tenemos 30? ¿Somos o no somos españoles?
Cuando Zapatero aprobó la Ley de Dependencia, la medida estrella de su primera legislatura (2008), lo hizo convencido de que era necesario. Y lo es. Pero todos sabemos que a la izquierda no se le dan bien los números. La ley se aprobó sin que estuviera asegurado el presupuesto. Los primeros años su aplicación fue un desastre porque muchas comunidades autónomas no sabían de dónde sacar la partida que no aportaba el Gobierno central.
Con el tiempo, se planificó y hoy por hoy, funciona mejor. Con el tema de la escolarización de niños de padres transfronterizos anunciado por el director provincial de Educación, Juan Ángel Berbel, suena igual de justo, pero no ha dicho cuánto dinero extra viene para Melilla para hacer frente a ese acto de justicia. Tampoco sabemos si habrá más plazas de docentes.
Y ahí es donde hace agua la propuesta del PSOE. De donde no hay, no se saca. Los padres reclamamos una enseñanza pública en condiciones. Podéis contarme la historia que queráis, pero no juguéis con la educación de mi hijo porque me tendréis en contra.
