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Inicio » Editorial

Y Cabanillas cortó la luz

por Redacción El Faro
29/01/2013 23:41 CET

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El presidente del Grupo Gaselec, Gustavo Cabanillas, cortó ayer el suministro eléctrico en una decena de inmuebles de la Ciudad Autónoma. Reclama al Gobierno local el pago de facturas pendientes. Frente a una situación similar, el resto de los ciudadanos hubiéramos optado por negociar con la Administración y, en el caso de no llegar a un acuerdo, hubiéramos acudido a los tribunales en busca de justicia. Gustavo Cabanillas, no. El propietario de la empresa suministradora de electricidad en Melilla soluciona sus problemas de otra manera. Juez y parte al mismo tiempo, ayer hizo justicia a su modo. Decidió que lo correcto era cortar la energía en una decena de inmuebles de la ciudad elegidos según su libre albedrío. Y no sólo eso. También pensó que era una buena idea mandar a su televisión (Cablemel) a grabar la ‘hazaña’.
Más tarde, en una intervención radiofónica, el propietario de Gaselec explicó que actuaba en defensa de los intereses de su empresa. Su derecho a cobrar, que nadie ha puesto en duda, quedó ayer por encima del de los ciudadanos que estaban pendientes de alguna gestión en la Consejería de Economía y Hacienda, de quienes habían acudido a realizar algún trámite a la Consejería de Bienestar Social, de quienes esperaban alguna resolución de la Consejería de Sanidad, de quienes habían pensado cumplir con algún requisito en la Oficina de Registro... Por encima de los derechos de todos estos ciudadanos están los derechos de Gustavo Cabanillas y de su empresa suministradora de electricidad. Así se deduce de la forma de actuar ayer del, por otra parte, filántropo vicepresidente de la Fundación Gaselec.
El presidente accidental, Miguel Marín, y el portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, anunciaron que el equipo jurídico de la Ciudad está recabando los datos de la actuación de Gustavo Cabanillas para valorar la posibilidad de llevar el caso a los tribunales. Si finalmente el propietario de Gaselec se sienta ante un juez, deberá responder del posible daño causado a los ciudadanos, a la imagen de la ciudad, a los trabajadores de la Administración... En definitiva, deberá explicar en qué se basa para pensar que no necesita someterse al dictado de jueces y magistrados para buscar justicia.

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