«La protección de la propiedad y la intimidad en el hogar resultan imprescindibles. Por ello, se debe endurecer la ley contra las mafias de la ocupación a la vez que se garantiza un techo a todo español necesitado». Con esa premisa, recogida en la Agenda España, Vox ha llevado doce iniciativas al Congreso de los Diputados, así como dos Recursos de Inconstitucionalidad al Tribunal Supremo.
La formación política asegura que desde la llegada a la Moncloa del PSOE, en coalición con Unidas Podemos, el porcentaje de ocupaciones se ha disparado un 41%. Una cifra que no habría sido posible alcanzar sin la colaboración del anterior Ejecutivo -presidido por el Partido Popular-, que en 2015, con mayoría absoluta en el Congreso, modificó el código penal para que la ocupación ilegal pasara de ser delito grave a delito leve.
Y es que, según Vox, el Ejecutivo de coalición se ha preocupado de facilitar el camino a los criminales antisistema, que son sus potenciales votantes, a través de un real decreto que impide los desahucios de ocupas que han entrado en una vivienda cometiendo un delito de allanamiento y usurpación.
La formación que preside Santiago Abascal acudió al Tribunal Constitucional, porque «los españoles quedan desamparados ante los ocupas» después de haber invertido la mayoría de sus ahorros en adquirir una vivienda.
En este sentido, en el Senado, Vox reprochó a la ministra de Justicia, Pilar Llop, hace unos meses que «los ocupas, con la ley en la mano, tiene las de ganar», mientras que los propietarios, se encuentran «en la calle y pagando». «La Policía tampoco puede actuar porque ustedes se han encargado de modificar la ley». Llop, por su parte, negaba que en España hubiera un conflicto con la ocupación de propiedades.
Entre las iniciativas que la formación ha llevado al Congreso para terminar con la problemática de la ocupación, se encuentran endurecer el Código Penal en delitos de usurpación de inmuebles; ofrecer mejores herramientas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ampliar protección de los legítimos titulares de derechos reales. También ha llevado al Congreso una Proposición de Ley para introducir los delitos de usurpación de inmuebles dentro de los recogidos en el artículo 795 de la Ley Enjuiciamiento Criminal; una moción para que la Policía pueda proteger a los españoles de los asaltos a sus propiedades.
La formación apunta que el consenso progre se escandalizó a principios de 2021, cuando VOX defendió en la tribuna del Congreso a todos los españoles que sufren la ocupación ilegal del Gobierno y propuso “patada en el culo en 24 horas”.
En todas las intervenciones parlamentarias, los representantes de Vox han insistido en que la ocupación es un fenómeno que afecta a las clases trabajadoras. «En España no hay un problema con la ocupación, si eres Pedro y sales a los jardines de la Moncloa camino del Falcon», reconocía el diputado Víctor Sánchez del Real. Del mismo modo, en el Senado, Jacobo GonzálezRobatto, recordaba que al vicepresidente de Iberdrola -Antonio Miguel Carmona- , con 440.000 euros de sueldo al año, le llega para guardaespaldas, muros, alarmas, etc.», lo que complica que le ocupen su casa. “Ley, orden y vivienda social” La formación volvía al Tribunal Constitucional del febrero de 2021, con el objeto de frenar el el ‘Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios’ del ministro de Consumo Alberto Garzón, que “legaliza, de facto, la ocupación delictiva de viviendas” (al permitir que se suspenda judicialmente el desahucio de una vivienda a la que se ha accedido mediante delito) y que, por tanto, “constriñe ilegalmente los derechos y facultades del propietario”.
Vox también ha aportado soluciones con el objetivo de garantizar una vivienda a todos los españoles, y ha ofrecido “Ley, orden y vivienda social”. De ahí parten las iniciativas presentadas en el Congreso para para impulsar el sector de la vivienda, con propuestas como flexibilizar las normas urbanísticas y reducir plazos. Y es que, en España faltan dos millones de viviendas de alquiler social para situarnos en la media de la Unión Europea. «Son dos millones de familias a las que el estado debería estar dando una solución», advertía en febrero de 2021 la diputada Cristina Esteban, quien denunciaba que el Ejecutivo trasladaba la problemática a los españoles.
