Vox insta a la Asamblea a pedir al Gobierno la suspensión de la baliza V16

El diputado local de Vox en la Asamblea de Melilla, José Miguel Tasende, ha presentado una moción con la que pretende que se inste formalmente al Gobierno de España a suspender la obligatoriedad del uso de la nueva baliza luminosa V-16, que será exigida a partir del 1 de enero de 2026 en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia. La medida, regulada por el Real Decreto 159/2021 y detallada en la Instrucción MOV 2025/1 de la DGT, ha sido duramente criticada por Tasende, por considerarla “una imposición sin base técnica que impone un coste innecesario a las familias”.

En el texto registrado ante la Mesa de la Asamblea, Vox sostiene que esta nueva obligación no responde a criterios reales de eficacia y que su impacto económico ha sido ignorado por el Ejecutivo. A su juicio, la norma afecta solo a los vehículos matriculados en España, dejando fuera a los millones de vehículos extranjeros que cada año cruzan el país por motivos turísticos o de tránsito. Esto, asegura, supone una “desigualdad normativa injustificable” y “vacía de sentido” la medida.

La moción señala que el dispositivo V-16, que debe contar con una luz visible a un kilómetro de distancia y conexión a la plataforma DGT 3.0 mediante eSIM, presenta múltiples limitaciones técnicas. En vehículos de gran tamaño, como camiones o furgonetas, su colocación en la cabina no garantiza visibilidad exterior debido a la propia estructura del vehículo. Además, en tramos de carreteras con curvas, cambios de rasante o escasa visibilidad, su eficacia se reduce notablemente, poniendo en riesgo a otros conductores.

Otro aspecto destacado por Vox es el bajo nivel de conocimiento ciudadano sobre la normativa. Según datos aportados por la formación, el 65% de los españoles desconoce la obligatoriedad de esta baliza, y un 30% ignora que su incumplimiento puede conllevar multas de hasta 80 euros. La consecuencia de esta falta de información es que muchos usuarios están adquiriendo dispositivos no homologados, lo que no solo implica sanciones, sino también riesgos en caso de emergencia.

Tasende advierte, además, que la nueva baliza puede fomentar conductas peligrosas: al poder activarse desde el interior del coche, algunos conductores podrían optar por no salir del vehículo tras una avería o accidente, incumpliendo así las recomendaciones de seguridad vial que instan a abandonar el habitáculo y situarse en un lugar seguro fuera de la calzada.

Por todo ello, la moción plantea que se permita seguir utilizando los triángulos reflectantes, al menos hasta que existan estudios técnicos, periciales y forenses independientes que demuestren objetivamente la eficacia del nuevo sistema. Asimismo, reclama ayudas económicas para que familias y empresas puedan renovar sus vehículos sin que se les impongan costes derivados de normativas “con finalidad meramente recaudatoria y sin beneficio tangible para la seguridad”.

Vox propone también que cualquier innovación en seguridad vial garantice que no se incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, y que no se impongan medidas que supongan un gasto adicional sin retorno social.

La medida llega en un momento en el que muchos melillenses comienzan a informarse sobre esta nueva normativa. Según recogió El Faro de Melilla en un reportaje reciente, existe confusión entre los conductores de la ciudad respecto a qué dispositivos están homologados y cuáles no, así como incertidumbre ante las posibles sanciones por su uso indebido.

Con esta moción, Vox busca que la Asamblea de Melilla adopte una posición firme ante lo que califica como “una imposición innecesaria, mal diseñada y peor comunicada” por parte del Gobierno central.