El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Melilla ha presentado una moción para rechazar lo que considera una ofensiva ideológica por parte del Gobierno, cuyas medidas en materia de movilidad afectarían de forma directa a los conductores, trabajadores, familias y comerciantes melillenses. La iniciativa, defendida por el diputado local José Miguel Tasende, pone el foco en la obligatoriedad de las balizas V16 conectadas y en la futura implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), dos medidas que, a juicio de la formación, responden más a una agenda ideológica que a criterios técnicos adaptados a la realidad de la ciudad.
Según Tasende, la nueva normativa que obligará a los conductores a utilizar balizas conectadas a partir de 2026 transforma la seguridad vial en una herramienta de control y recaudación. Vox denuncia que estos dispositivos tienen un alto coste, una vida útil limitada y requieren conexión tecnológica constante, lo que puede resultar especialmente problemático en territorios como Melilla, donde existen carencias en infraestructuras viarias y servicios públicos esenciales. A ello se suma, afirma el diputado, la falta de garantías reales para los conductores, que se ven forzados a asumir un gasto adicional sin que ello represente mejoras significativas en su seguridad.
En este contexto, Vox sostiene que el Gobierno y la Dirección General de Tráfico convierten la seguridad vial en un negocio regulado, en lugar de centrar sus esfuerzos en mejorar las condiciones reales de circulación. La formación recuerda que Melilla necesita inversiones en carreteras, refuerzo en los servicios de transporte público y atención a sus circunstancias geográficas específicas, no más regulaciones que suponen un esfuerzo económico injustificado para los ciudadanos.
Además de las balizas, Vox rechaza la intención del Gobierno local de aplicar progresivamente una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad. En opinión de la formación, se trata de una política basada en criterios ideológicos, sin respaldo técnico ni adaptación a la realidad melillense. Tasende ha señalado que medidas como esta se han mostrado ineficaces en otras ciudades de España, donde no han logrado reducir de manera significativa los niveles de contaminación, pero sí han afectado negativamente al comercio local, a la movilidad y al acceso al centro urbano de miles de ciudadanos.
El grupo parlamentario considera que la aplicación de una ZBE en Melilla supondría un nuevo obstáculo para los vecinos que utilizan su vehículo para trabajar o desplazarse en su día a día, en un contexto donde el transporte público es limitado y donde las alternativas ecológicas aún no están plenamente desarrolladas. En este sentido, advierten de que se está configurando una ciudad para unos pocos, donde solo aquellos que pueden asumir el coste de un vehículo nuevo o adaptado podrán seguir circulando libremente.
Tasende también ha hecho referencia a los recientes cambios de postura en el ámbito europeo. Bruselas ha comenzado a revisar algunas de las medidas más restrictivas contra el motor de combustión, reconociendo que su prohibición total podría ser inviable y perjudicial para la economía de numerosos países. Para Vox, este giro demuestra que no es razonable imponer transformaciones radicales sin un plan realista, ni criminalizar a quienes siguen utilizando vehículos de combustión por necesidad.
La moción presentada por Vox continúa la línea que ya trazaron en semanas anteriores, cuando pidieron que se suspendiera la obligatoriedad de las balizas V16, por considerar que no aportaban mejoras concretas en términos de seguridad y sí implicaban un gasto innecesario para las familias. Ahora, la formación amplía su crítica al conjunto de políticas que, bajo el argumento de la sostenibilidad o la modernización, estarían imponiendo restricciones que afectan al modelo de vida de una parte significativa de la población melillense.
Vox reitera que Melilla no necesita más prohibiciones ni normativas alejadas de su realidad social, económica y geográfica. Lo que se requiere, insisten, son soluciones prácticas, viables y respetuosas con la libertad de los ciudadanos. Frente a lo que califican como dogmas caducos, aseguran que seguirán defendiendo el derecho de los melillenses a una movilidad libre, razonable y adaptada a las condiciones concretas del territorio.
