Después de que el Gobierno central haya concedido 4.058.197 euros para cubrir los costes del funcionamiento de su planta desaladora -dentro de un paquete más amplio aprobado el martes por el Consejo de Ministros-, el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, ha declarado este viernes, durante la presentación de los trabajos de adecuación en el Barrio Hebrero o Rastro Alto, que no es eso lo que está pidiendo la Ciudad, ya que esa partida se da todos los años.
El anuncio de esta subvención se produce en un contexto de preocupación por el estado de la planta desaladora, cuya gestión fue transferida por el Gobierno central a la Ciudad Autónoma hace unos meses. Desde entonces, el Ejecutivo local ha alertado sobre las deficiencias estructurales de la infraestructura. El traspaso se hizo, según fuentes locales, sin que se acometieran las inversiones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento.
Lo que el Ejecutivo local reclama para la desaladora, visto que el estado en que la recepcionaron era, según Ventura, “totalmente lamentable”, es un montante de aproximadamente 12 millones de euros.
El consejero ha criticado que, “para colmo” se acometió la obra de un nuevo módulo que está “inservible” desde enero, cuando explosionó y esa explosión “destrozó prácticamente más del 50 por ciento de la planta”, que costó 30 millones de euros.
Es decir, que, primero, va a hacer falta un montante para reparar ese módulo, pero, según los cálculos de la Ciudad, para la planta en general se necesitan unos 12 millones que Ventura no cree que vayan a aportar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Ventura ha destacado que, por eso precisamente -por la inacción del Gobierno central en esta materia-, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, tuvo, primero, que declarar la emergencia para la intervención en la planta y, segundo, decir que la Ciudad autónoma se haría cargo de todas las reparaciones o intervenciones que en ella hubiera que hacer.
Y en ello está trabajando, de hecho, según el consejero, la empresa que explota la planta desaladora, Sacyr.
