Los anticonceptivos se han ido incorporando a la cartera de servicios públicos durante los últimos 30 años. Lo han hecho todos los que han demostrado su seguridad y eficacia, siempre que los laboratorios fabricantes hayan adaptado sus solicitudes a lo acordado en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que es la que fija los precios de los fármacos que cuentan con financiación pública.
En la actualidad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mantiene financiados un total de 23 presentaciones de anticonceptivos orales, de las cuales tres corresponden a los llamados anticonceptivos de tercera generación. Todos ellos son de laboratorios que han adaptado sus precios a los últimos acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios, que ha establecido un precio máximo de financiación.
Algunos laboratorios que han preferido comercializar sus fármacos a precios mayores han retirado sus productos de la financiación. Esto no supone ningún perjuicio para las pacientes, puesto que se trata de una decisión de carácter económico. Los anticonceptivos que no están financiados no han demostrado ningún beneficio extra sobre los que sí lo están que justifique la comercialización a un precio mayor. De hecho, existen en el mercado numerosos anticonceptivos hormonales autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que nunca han sido incluidos en la financiación pública.
Con estas medidas, el Ministerio asegura que cumple sus compromisos de sostenibilidad y de optimización de recursos, anteponiendo los intereses de los pacientes sobre cualesquiera otros intereses económicos.
